Profesores asociados… y precarios

Las universidades ya están planificando el próximo curso académico y, un año más, gran parte de la docencia universitaria la asumirán los profesores asociados, una categoría de profesorado precaria, mal pagada, desatendida y, en demasiados casos, usada fraudulentamente.

Según la legislación vigente, los profesores asociados son especialistas de reconocida competencia que acreditan una actividad profesional fuera de la universidad y que son contratados temporalmente y con dedicación a tiempo parcial para desarrollar tareas docentes relacionadas con sus conocimientos y experiencia profesionales. La realidad, sin embargo, es muy distinta, radicalmente opuesta a la voluntad del legislador y, sobre todo, a un modelo universitario que apueste por el prestigio de su profesorado y de la actividad docente.

Los profesores asociados, que deberían complementar pero no sustituir al profesorado universitario con dedicación exclusiva y al profesorado en formación, son la categoría predominante en el sistema universitario catalán. Según datos de enero de 2014, el 43% de los profesores de las universidades catalanas son asociados (6.655 de un total de 15.376), mientras que el porcentaje de asociados en toda España no llega al 30% (siendo Cataluña y Baleares las comunidades autónomas que, con un porcentaje similar, poseen más asociados; en Madrid representan un 27% y en el País Vasco un 15%).

Si analizamos los datos de la principal universidad de Cataluña, la Universidad de Barcelona, observamos que en los últimos cuatro años el número de profesores asociados ha pasado de 1.234 a 1.669 (a los que hay que sumar otros 484 asociados médicos), representando un 40% del cuerpo docente. La falaz equivalencia entre el aumento de figuras laborales temporales de profesorado y una mayor “excelencia” universitaria, que siguen defendiendo algunos ministros y consejeros, es un disparate que las universidades pagarán muy caro.

Hay muchos profesores en formación, es decir, sin una actividad profesional reconocida, que, ante la inexistencia de una política efectiva para iniciar la carrera académica, se acogen a un contrato de asociado como única opción. Son los llamados falsos asociados: un fraude de ley permitido y fomentado por las universidades. Por otro lado, también hay asociados que trabajan fuera de la universidad pero que o bien no son especialistas de reconocida competencia o bien no desarrollan una actividad laboral relacionada con sus asignaturas.

Las constantes reivindicaciones de los asociados para mejorar  condiciones laborales decimonónicas, no parecen inquietar a los responsables de las políticas universitarias

Otro aspecto grave son las retribuciones misérrimas que cobran los asociados desde hace muchos años. Impartir una asignatura no solo significa cumplir con el horario de clase, sino que hay que preparar a conciencia clases teóricas y prácticas, organizar y corregir numerosos trabajos y pruebas, hacer tutorías, atender el campus virtual, asistir a reuniones, así como un sinfín de actividades parapedagógicas que requiere la “doctrina boloñesa”.

Es muy rastrero contratar a un profesional competente y de prestigio para que realice todas estas actividades impartiendo, por ejemplo, una asignatura obligatoria o dos optativas por solo 180 euros brutos al mes, como pasa en la UB. El precio por hora que paga esta universidad para retribuir toda la dedicación que se exige a los profesores asociados oscila entre 13,6 y 15,5 euros brutos. Con sueldos inferiores a 500 euros al mes hay muchos asociados que realizan el 75% de la docencia de los profesores con dedicación exclusiva. Envileciendo profesores y rebajando salarios estamos degradando la principal actividad de la Universidad y su razón de ser: la docencia.

Las constantes reivindicaciones de los asociados para mejorar, en pleno siglo XXI, unas condiciones laborales decimonónicas, no parecen inquietar a los responsables de las políticas universitarias de personal. Ni las Administraciones, ni los rectores, ni los comités de empresa tienen la más mínima intención de atender las demandas, justas, de un colectivo que, para mayor desgracia, tampoco cuenta con el apoyo necesario del resto del profesorado. A finales del pasado año una representación de los profesores asociados acudió, como último recurso, al Síndic de Greuges para que examinara su situación de extrema precariedad.

La base de cualquier sistema universitario es la calidad de su profesorado, y cuando las autoridades políticas universitarias están más preocupadas por las estructuras o por los procesos burocráticos que por las políticas de formación y desarrollo profesional de su profesorado, demuestran una gran irresponsabilidad e incompetencia. Fracasar en el modelo de acceso a la carrera académica y en los programas de estabilización del profesorado mejor preparado, y tratar de compensarlo abusando del profesorado asociado, significa condenar a la universidad a ejercer un papel residual en un contexto que demanda fortalecer la enseñanza superior como generadora de un conocimiento decisivo para el desarrollo económico y social.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB