Epsilon cede su epicentro al TVCP

Lo que tenía que ser un informe del Tribunal vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre los apoyos públicos a la empresa Epsilon se ha convertido en las últimas semanas en el centro de atención que ha relegado a un segundo plano el fondo del caso que ocupa a la comisión de investigación en el Parlamento, los apoyos públicos al fallido proyecto automovilístico.

Hace tres semanas el voto particular del presidente del órgano fiscalizador, José Ignacio Martínez Churiaque, mostró sus divergencias ante el informe que el tribunal acabó aprobando, pero el pasado martes la comparecencia de este en la comisión de investigación terminó por destapar la caja de los truenos en un órgano en el que reconoció que había ya “turbulencias”. Nunca antes en la historia del tribunal había sucedido algo que generara tantas convulsiones como lo relacionado con Epsilon, señalan fuentes que llevan más de una década en este órgano. A principios de este año ocurrió algo similar pero que no generó tanta polémica: el pleno aprobó un informe sobre la relación de puestos de trabajo de Lanbide con un voto particular del que había sido su ponente, el propio presidente.

En el caso de Epsilon, Martínez Churiaque alertó a los parlamentarios el martes de que con el aval de los consejeros de PNV y PSE se habían suprimido doce páginas del informe inicial al que finalmente el pleno del tribunal aprobó, una cifra que en este órgano niegan haber recortado, aunque reconocen cambios que explican con la necesidad de eliminar repeticiones. El presidente aseguró que el informe de su tribunal no entraría entre los ejemplos de “buenas prácticas de auditoría”.

La polémica se centra en que la mayoría del tribunal considera que no se puede volver a analizar lo que ya se estudió en su día, una operación del parque tecnológico de Miñano en 2009, con la que el parque aceptó la cesión de rango hipotecario para que Kutxa y Caja Vital concedieran un préstamo de 16 millones a Epsilon. El presidente cree que se tenía que haber notificado a la Comisión Europea por si era una ayuda de estado, y puso en duda esta operación, realizada con el PNV gobernando en el Ejecutivo vasco y en Álava. La conclusión oficial del informe es que “no hemos podido verificar con documentación soporte los motivos por los que se realizó esta operación”.

Algunos consejeros dicen que el malestar con la figura de Churiaque venía de atrás

Churiaque extendió la sombra de la duda a la gestión del Gobierno socialista siguiente, que en 2012 compró la hipoteca de Epsilon a las cajas para que, cuando el proceso concursal lo permitiera, la administración se hiciera con el edificio, una compra obligada por los compromisos adquiridos en 2009, cuando se fijó acudir a subasta por un máximo de 22 millones. El pasado mayo, la administración se ha hecho con el edificio, su maquinaria y el suelo, por 19 millones. El presidente también considera que hubo irregularidades en las ayudas concedidas a Epsilon, aunque el informe final resalta que las deficiencias están a nivel de la normativa del Gobierno, que afecta a más empresas y no solo a Epsilon.

El presidente considera que su actuación fue correcta porque dio a conocer el contenido del informe aprobado por el TVCP al inicio. Pero los parlamentarios de PNV y PSE le reprocharon que no defendiera el informe aprobado y sí su voto particular. EH Bildu, PP y UPyD le respaldaron. Martínez Churiaque criticó la calidad del informe de Epsilon y aseguró que el que se realizó en 2009 para escanear las cuentas de las sociedades públicas como Miñano tenía limitaciones —aunque se destinaron a aquel documento 7.200 horas en vez de las 5.400 del año anterior—. En ese informe de 2009 quien hizo el control de la calidad fue otro consejero desginado como Churiaque por el PP.

Su contundencia del pasado martes generó sorpresa entre los técnicos, indican fuentes del órgano auditor, y enfado en la mayoría de consejeros designados por los partidos. La petición de dimisión de Martínez Churiaque sobrevuela las conversaciones sobre la polémica surgida en las últimas semanas. Los representantes de PNV y PSE en la comisión de investigación recomendaron al presidente que diera ese paso. Pero hasta ahí. En el Legislativo ni ninguno apuesta por dar pasos para materializar una destitución y miran al TVCP, aunque solo el Parlamento puede materializar el cese, con el apoyo de dos tercios. Ahora todas las miradas apuntan a lo que pueda suceder en las reuniones que están previstas para la próxima semana en el órgano de control y al pleno del día 24 de este mes ante la posibilidad de que haya movimientos.

Algunos consejeros hablan de un malestar con la figura de Churiaque que venía de atrás. A un año vista de un recambio de los miembros de designación política del tribunal —es uno de los reemplazos pactados por PNV y PSE a principios de 2013, con otros como el Ararteko o EiTB—, también hay quien, desde la arena política, observa en la intervención del presidente, que realizó una defensa de la transparencia y de eliminar el “velo” de la confidencialidad para evitar cambios con criterios “extraños”, un movimiento del presidente para ganar notoriedad. Sus detractores apuntan a un cambio de versión desde la comparecencia parlamentaria de diciembre de 2013 y la de esta semana. También el PSE ha modulado. Si en la pasada legislatura fue el que a través del Gobierno puso el foco sobre la operación de 2009, ahora templa el discurso en la comisión de investigación. Socialistas y peneuvistas niegan que esto sea un coletazo del acuerdo entre PNV y PSE, y estos últimos dicen que quizás sea cuestión de estilos personales.

En medio de la convulsión del tribunal, la gestión pública sobre el proyecto automovilístico Epsilon se mueve entre el trato de favor sin criterios objetivos que observan EH Bildu o PP y la versión contraria, del PNV, el apoyo legal a un proyecto prometedor que falló.