Otro excargo de la ACA se benefició de la adjudicación que investiga la fiscalía

El exgerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y actual presidente de Infraestructures, Joan Lluís Quer, no fue la única persona vinculada a la agencia autonómica que se benefició de un contrato de casi ocho millones de euros para elaborar el plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña. Josep Bou, exjefe de Planificación del organismo, también participó indirectamente en el contrato a través de Artenginy, una sociedad participada por su pareja, Anna Barceló, en la que colaboró a partir de 2007 y de la que se convirtió en administrador único a partir de 2011. Esta compañía logró hacerse con una parte del concurso a través de su participación en la unión temporal de empresas DMA-Gestió, en la que también participaban Auding —en la que entonces tenía un puesto relevante Quer— y United Research Services, con sede en Madrid.

La fiscalía investigará los hechos después de que la Generalitat le remitiera documentación sobre posibles irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación y ejecución del concurso. Según la información transmitida por la ACA a la Intervención General del Departamento de Economía y después revelada por un informe de la Sindicatura de Comptes, no todos los trabajos —el contrato se estableció en uno principal y 38 complementarios sin concurso propio— cumplían con el encargo inicial.

Lo advirtieron técnicos de la agencia cuando la UTE solicitó la recepción de los trabajos para poder cobrar una garantía de 22.000 euros. Al analizarlos, se comprobó que la información que incluían algunos informes valorados en cientos de miles de euros era tan solo fotocopias de otros documentos elaborados previamente por la ACA.

Como Quer, Bou había abandonado la ACA antes de la adjudicación del concurso, en febrero de 2006. Este se adjudicó en 2008, aunque hubo reuniones previas en 2007 entre las empresas y el organismo de la Generalitat que están registradas en los informes sobre el contrato. El trabajo debía permitir preparar los trabajos para que Cataluña cumpliera los objetivos ambientales marcados por la Comisión Europea en la directiva marco del agua.

Según los datos del registro mercantil, Bou pudo participar en la elaboración del plan de la cuenca fluvial con unos conocimientos avanzados sobre la materia. Este diario intentó ayer, sin éxito, localizar al excargo de la Generalitat para que aclarara su papel en el contrato.

Fuentes que vivieron de cerca la adjudicación del concurso argumentaron la necesidad de encargar el proyecto a empresas externas que conocieran la singularidad de Cataluña en materia de agua, los déficits de su sistema hídrico y el funcionamiento de la ACA, como eran los casos de Quer y Bou. Según explican, ese concurso se externalizó porque los técnicos de la agencia estaban inmersos completamente en tomar medidas para afrontar la sequía que afectó a las comarcas catalanas durante 2007 y 2008 y era necesario elaborar el plan en un margen de tres años.

“Durante tres años hubo cuatro técnicos trabajando ocho horas diarias para el ACA y, de hecho, el trabajo se prolongó en el tiempo —a causa del medio millar de alegaciones presentadas— sin que el precio de licitación aumentara”, explicó ayer un experto de planificación hidráulica de Cataluña que pedía anonimato. Destacó que el plan aprobado en Cataluña fue loado en toda España, donde otras regiones emprendieron proyectos similares.

El grupo de empresas se adjudicaron un primer contrato para coordinar, gestionar e impulsar un conjunto de tareas para desarrollar el plan. Después, como apuntaba la Sindicatura de Cuentas, algunas de esas tareas tenían que ser contratadas con la premisa de que sería la misma unión temporal de empresas la que se encargaría de asumir esos trabajos o de subcontratarlos a una tercera empresa. En todo caso, la adjudicación se establecía de forma directa, sin ningún tipo de concurso adicional.

El organismo fiscalizador de la Generalitat denunció la inconcreción de los trabajos que se tenían que desarrollar se unía a la inconcreción del precio que se tenía que pagar. Así fue como la ACA acabó asumiendo trabajos complementarios por un valor conjunto de 3,93 millones de euros, cuando estos se tendrían que haber previsto inicialmente.

Entre los trabajos pagados por la ACA hay documentos facturados por un mínimo de 14.187 euros y un máximo de 370.000 euros. Mientras que hay trabajos con los que se preveían la actualización de recursos hídricos, también otros tenían que servir para determinar planes zonales de actuación. En algunos, las explicaciones de apenas dos o tres páginas eran acompañados por documentación de la propia agencia.