Anticorrupción pide 11,1 millones para Ángel Rodríguez de la Borbolla

El empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez del caso ERE, Mercedes Alaya. La magistrada le ha imputado dos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos al considerar que recibió, “con total ausencia de procedimiento”, algo más de nueve millones en ayudas. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el exregidor una fianza de responsabilidad civil de 11,1 millones, petición a la que se ha sumado la acusación que ejerce la Junta. Junto a Rodríguez de la Borbolla, han comparecido ante Alaya otros cinco imputados, de ellos tres también decidieron guardar silencio.

Alaya acusa a Rodríguez de la Borbolla de haber obtenido, “mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla”, ayudas de Empleo por valor de algo más de nueve millones. Y ello “sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas”. El exregidor fue imputado por Alaya en marzo de 2012, cuatro meses después de que lo solicitara la Junta. Su caso se encuentra entre los citados por Anticorrupción en diversos escritos en los que alerta del riesgo de nulidad o prescripción.

Tal y como ya aseguró el empresario en la comisión de investigación sobre los ERE creada en el Parlamento, la defensa ha insistido en que Rodríguez de la Borbolla “no se ha enriquecido personalmente” con dichas ayudas y que estas fueron a parar “directamente” a las empresas en crisis. El abogado ha mostrado su sorpresa ante la fianza solicitada por Anticorrupción y la Administración. La defensa ha alegado que tanto la fiscalía como la Junta “saben que eran ayudas para apoyar el sector del corcho” en una zona “deprimida” de la provincia sevillana. Además, ha señalado que las subvenciones “estaban basadas en resoluciones” de la Junta.

Y es en esta zona, donde este viernes la magistrada ha puesto el foco. Además de Rodríguez de la Borbolla, la magistrada ha citado a otros tres empresarios de la Sierra Norte de Sevilla. Según la investigación, las ayudas directas a entidades de esta comarca superaron los 30 millones gracias al supuesto “papel esencial” del exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

De los otros tres empresarios citados, dos sí han declarado ante la juez Alaya. El primero ha sido Antonio Diéguez, quien consiguió “en virtud de sus influencias” y “mediante oficio totalmente carente de contenido y motivación”, según la juez, una ayuda de 300.000 euros, que finalmente no le fue abonada. Diéguez ha reiterado su inocencia y ha negado conocer a Viera y al ex director general de Trabajo Javier Guerrero. El segundo ha sido Antonio Polonio, quien recibió 150.000 euros para un camión. Según fuentes del caso, Polonio ha dicho ante Alaya que presentó todos los papeles necesarios y que los firmó en la oficina de Guerrero.

Este viernes también ha comparecido el exalcalde socialista de Torrecera (Cádiz) Agustín Moreno, presunto intruso —personas ajenas a las empresas— en las ayudas a la Faja Pirítica. Moreno también ha guardado silencio.