La empresa municipal de vivienda de El Puerto anuncia el concurso de acreedores

Cuando Sara Bermúdez y su pareja decidieron comprarse una casa en El Puerto de Santa María (Cádiz) pensaron que lo más barato y seguro era adquirir una vivienda pública del Ayuntamiento. Era 2009, tiempo de inestabilidad laboral, aunque en aquel momento tenían dinero y trabajo. Se apuntaron en una promoción de Suvipuerto, la empresa municipal de vivienda y entregaron 16.000 euros, pero ese dinero está en el aire. Suvipuerto ha iniciado los trámites para declararse en concurso de acreedores y no hay garantías de que pueda devolver el dinero a los adjudicatarios que han entregado alguna cantidad. “Siempre pensé que esto nos podía pasar en una promotora privada o una cooperativa. Quién me iba a decir que esto nos iba a pasar en una empresa que es de todos”, lamenta Sara.

Suvipuerto arrastra una situación económica grave desde hace años pero que, según su presidente, el concejal de Vivienda y secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, se ha agravado por la crisis y por las deudas que otras Administraciones tienen con esta empresa. “Nos hemos quedado sin liquidez porque la Junta nos debe desde 2011 más de 400.000 euros y el propio Ayuntamiento, otros 300.000 euros, aunque estos ya están casi liquidados”, detalló.

El presidente achaca la situación al impago de las Administraciones

De ahí que la situación económica de la empresa se haya vuelto inviable. Por eso han iniciado la presentación de un concurso voluntario de acreedores que, si nada lo remedia, se presentará en dos meses. La decisión fue conocida porque la gerente de la empresa ha remitido varias cartas a los adjudicatarios de los nuevos pisos municipales que se están terminando de construir en la zona de la ermita de Santa Clara. “Hemos comunicado al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz el inicio de las negociaciones previas para solicitar un concurso voluntario de acreedores”, reza la misiva.

En este documento se incluye otro anuncio aún más polémico y es la propuesta de convenio para resolver las deudas con sus acreedores. Mientras que Suvipuerto garantiza el pago de las deudas con los bancos, plantea fórmulas de devolución más restrictivas a los vecinos como Sara Bermúdez y les ofrece tres opciones para recuperar el dinero entregado.

Por un lado, propone la posibilidad de acceder a la casa mediante la fórmula de un alquiler por 380 euros al mes, del que se detraerían 100 euros mensuales para que Suvipuerto vaya saldando la deuda hasta amortizar el 60% de los 16.000 euros ya pagados. El otro 40% lo perderían. Algunos ya se han negado a esta opción. Otra posibilidad es que los adjudicatarios renuncien directamente al 40% y Suvipuerto les pagará el resto en dos años. La tercera opción es el cobro de la deuda íntegra pero en cinco años y sin intereses.

Los afectados no aceptan las fórmulas de  devolución y anuncian protestas

Ruiz espera poder llegar a un acuerdo con todos los adjudicatarios y evitar en estos dos meses el concurso de acreedores. Pero la mera propuesta ha indignado a los grupos de la oposición, PSOE, IU y Ciudadanos Portuenses, que han pedido su dimisión. “En esa propuesta de convenio prevalece el pago de la deuda a los bancos antes que a los vecinos. Es indignante e intolerable. Si esto lo sabía el alcalde (Alfonso Candón, del PP) es responsable, y si no lo sabía, debe destituir de inmediato a su socio de gobierno”, exigió el portavoz socialista, David de la Encina. El Ayuntamiento se sostiene gracias a un pacto entre populares y andalucistas. Sobre la estabilidad de este acuerdo, Ruiz se limitó a decir que el PP está al tanto de la situación de Suvipuerto. El alcalde guardó silencio.

Los adjudicatarios han anunciado que se movilizarán y que denunciarán donde haga falta esta situación, que les impide recuperar el dinero que entregaron a una empresa pública. Sara Bermúdez tuvo que renunciar a ella porque Unicaja, la entidad con la que el Ayuntamiento negoció las condiciones de la promoción, no le concedió la hipoteca.