La fiscalía investiga irregularidades en las sanciones a preferentistas

La fiscalía de Vigo ha abierto diligencias informativas de investigación penal para las sanciones impuestas a miembros de la plataforma de afectados por las preferentes de Baixo Miño por protestas que se desarrollaron el año pasado en los municipios de O Rosal y Tui. La decisión del ministerio fiscal llega tras una denuncia de la plataforma, que achaca arbitrariedad a los expedientes y denuncia una “estrategia de coacción” a los preferentistas. Las sanciones de Tui fueron tramitadas por la subdelegación del Gobierno y las de O Rosal por el organismo de recaudación de la Diputación, al que está adscrito el Ayuntamiento, por tratarse de supuestas infracciones de tráfico.

La denuncia que ha propiciado la actuación de la fiscalía, todavía en fase preliminar, está firmada por 14 miembros de la plataforma, incluido su portavoz, Xulio Vicente. El texto, de nueve páginas, hace un relato sobre las multas que empezaron a recibir a partir de mayo de 2013, pero se centra en dos actos de protesta en Tui y O Rosal. El primero coincidió con el pleno municipal del 30 de mayo de ese año, cuando la policía impidió el acceso al salón de plenos de los afectados, que permanecieron en la puerta a la espera de que, una vez terminado el orden del día, un portavoz del grupo pudiese intervenir. La denuncia critica las “inexactitudes” en los 13 expedientes, tramitados por la Subdelegación del Gobierno a raíz de los atestados de la policía local por alteración del orden público y afirma que había una idea general previa de multar a quien fuese a protestar.

El escrito asegura que hubo una “intención inicial, incluso anterior a la celebración del Pleno, de imponer sanciones por parte del alcalde, incluso dando órdenes a la policía local para que pusiese su empeño en eso”, y cita para avalar la acusación unos comentarios del edil de Acción Tudense —antes alcalde con las siglas del PP— Miguel Ángel Capón. Este declaró en sesiones plenarias y a propios miembros de la plataforma, según el escrito, que “agentes de policía local le expresaron directamente al fin de la sesión plenaria objeto de denuncias y aperturas de expedientes sancionadores que tenían órdenes directas del alcalde de proceder a formular denuncias contra las personas concentradas”, especialmente aquellas más destacadas. La denuncia añade que se obvia que el pleno en cuestión “discurrió con normalidad”.

La otra pata de la denuncia son las sanciones por supuestas infracciones de tráfico entre el 5 y el 21 de junio del año pasado frente al Ayuntamiento de O Rosal. El texto llama la atención sobre que sean agentes de la Guardia Civil los que realizan las denuncias cuando el municipio cuenta con policía local. Las multas, que afectan a 16 personas, atañen a infracciones como llevar el cinturón de seguridad del coche mal puesto o tocar la bocina alrededor de la plaza de O Calvario, frente al Ayuntamiento, el mismo lugar donde los afectados protestaban contra el alcalde. La denuncia subraya supuestos en que se multa a quien no está presente en la hora que se marca o se levantan expedientes idénticos a una misma persona.