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El PP da su apoyo en el último momento a la ley de Transparencia

El Gobierno se compromete a enviar la norma de altos cargos este año

Jiménez Barrios y Castro, con una camiseta republicana, este miércoles. Ampliar foto
Jiménez Barrios y Castro, con una camiseta republicana, este miércoles.

Hasta poco antes de comenzar el pleno del Parlamento andaluz, los tres grupos de la Cámara estuvieron acercando posiciones para que todo el panel de votaciones del hemiciclo se iluminara de luces verdes. Y se consiguió, aunque costó. Los diputados de la coalición de PSOE e Izquierda Unida y los del Partido Popular han votado por primera vez en esta legislatura unánimemente a favor de la ley de Transparencia.

El trabajo de los ponentes Rafael Salas (PP), José Antonio Castro (IU) y Verónica Pérez (PSOE) y del consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha sido clave para que esta ley saliera apoyada por todos los diputados. Ahora bien, el PP lo hizo dejando patente su enorme enfado por el rechazo de la mayoría de sus enmiendas (sólo ocho de un total de 92 se aceptaron), sobre todo, las referidas al código de buen gobierno que afecta a los altos cargos de la Administración autónoma.

Sólo cuatro de las 92 enmiendas de los populares fueron aceptadas

El argumento para dejar fuera este paquete —que IU veía con buenos ojos, aunque no se esforzó en tensar la cuerda con sus socios— es que el Gobierno presentará una ley específica de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos este año. Será ahí donde las propuestas de los populares podrán incluirse. Este compromiso lo adquirió desde la tribuna parlamentaria Jiménez Barrios para quien la ley de Transparencia es la “más importante de la legislatura”. Por ahora así es porque es la primera y única norma de las 28 prometidas por el pacto de izquierdas que ve la luz en dos años.

La ley de Transparencia obligará a todas las entidades que reciban dinero público —más de 100.000 euros o el 40% de su presupuesto— a dar información a los ciudadanos que la reclamen en un plazo de 20 días. También se establece un capítulo de sanciones de hasta 400.000 euros para los que la incumplan. Y se crea un Consejo de Transparencia, un órgano de nueva creación que se constituye como autoridad independiente de control de la ley, que tendrá un presidente elegido por mayoría absoluta del Parlamento, al que ayudara una comisión consultiva.

Gracias a una enmienda del PP, este directivo sólo podrá permanecer en el cargo por un periodo de cinco años no renovable. PSOE e IU no aceptaron que esta autoridad fuera elegida mediante mayoría reforzada y los populares rechazaron una enmienda transaccional para que en una primera votación sirviera este tope de apoyo y en una segunda, si no hay acuerdo, por mayoría.

IU asegura que con la norma no es posible otro caso como el de los ERE

El diputado popular Jaime Raynaud —quien sustituyó a su compañero Rafael Salas, de baja por enfermedad— más que una defensa de la ley hizo un alegato en contra. En su opinión para que la Administración sea transparente y se puedan evitar “casos bochornosos” como el de los ERE o el de los fondos de formación es necesario incorporar a los altos cargos. De otro modo, según Raynaud, la ley de Transparencia “es sólo de boquilla”. El apoyo a favor del PP lo justificó en que la andaluza es una “ley clonada” de la estatal, por lo que la avalaban por coherencia.

Izquierda Unida se mostró satisfecha con las aportaciones incorporadas al texto final. Entre ellas, la que obliga a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas a dar información de las ayudas públicas que reciba, la eliminación de tasas para acceder a la información o la obligatoriedad de dar cuenta no sólo de ingresos sino también de las exenciones fiscales y las desgravaciones. Para el portavoz de IU, José Antonio Castro, es “improbable” que un caso de corrupción como el de los ERE se dé de nuevo con esta ley en vigor. “Cada vez que alguien tenga la tentación de meter la mano, saltará la liebre”, opinó.

Las enmiendas del PSOE eran todas de carácter técnico. Su ponente, Verónica Pérez, ensalzó la norma porque, según ella, será como “una llave para abrir puertas y ventanas que han permanecido cerradas”. La ley tiene un periodo de vacatio legis de un año.