Las instituciones probarán la historia sociosanitaria en 2015
Definen cinco colectivos prioritarios, entre ellos discapacitados y trasplantados
Entrelazar el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales ha sido uno de los retos de los últimos gobiernos autonómicos ante la evidencia de que cada vez son más los ciudadanos que precisan del apoyo de ambas áreas. Este lunes, el Gobierno, las tres diputaciones y Eudel han presentado en Vitoria las líneas estratégicas del ámbito sociosanitario hasta 2016, que recogen un cronograma para actuaciones ya anunciadas y cinco colectivos prioritarios: las personas con trastorno mental, los discapacitados, los menores con dificultades, las personas en riesgo de exclusión y aquellas trasplantadas o con enfermedades raras.
La creación de la historia sociosanitaria para que profesionales sanitarios y de los servicios sociales puedan consultar datos del otro área está prevista para 2015. La cartera de servicios sociosanitarios, aquella que concretará quién puede acceder a determinado recurso en el que haya profesionales sanitarios y sociales o cómo se financia, deberá estar lista en 2015. El proceso de crear esta cartera se suma a otro que avanza en paralelo, la cartera de servicios sociales que debe ser aprobada antes de 2016 por obligación de una ley aprobada hace seis años. La diferencia entre una y otra cartera, además de la mayor implicación de Salud en la primera, es que la segunda establecerá servicios reconocidos como derechos subjetivos, exigible ante los tribunales, mientras que la primera no tendrá ese nivel.
Las instituciones ven la necesidad de una mejor coordinación entre el sector salud y el sector social. Este último está distribuido entre el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos. Hasta ahora se han realizado proyectos que entrelazan lo sanitario y lo social, pero han sido programas en determinadas zonas o acciones basadas en el impulso de los profesionales, sin que estén formalmente recogidas. La estrategia plantea en varios puntos del documento que es necesario homogeneizar la atención, reduciendo las diferencias entre un lugar y otro.
88.200 mayores de 65 años viven solos y hay 84.000 dependientes
El colectivo de la ciudadanía que precisa o puede precisar de apoyo sociosanitario va en aumento: un 19,5% de la población tiene más de 65 años y de esas 424.565 personas 88.200 viven solas. Una cifra que aspira a ir en aumento, ya que el porcentaje de parejas sin hijos ha aumentado al 34,4%. Asimismo, 84.944 personas han solicitado las ayudas del sistema de dependencia, un reconocimiento que ha obtenido el 97% de los solicitantes, 41.174 de ellos reciben ayudas, en su mayoría la prestación económica, 24.306.
La estrategia recoge en su seno el protocolo que Políticas Sociales quiere implantar para detectar el maltrato a mayores, plantea analizar cómo prevenir el maltrato infantil, propone una experiencia sobre la atención a las personas con demencia o la prueba y la extensión de equipos de atención primaria sociosanitaria.
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