Feijóo barre al gobierno de Santiago y se aboca a una crisis en la Xunta

La descomposición del gobierno del PP en Santiago por las condenas e imputaciones judiciales de sus concejales desembocó ayer en una crisis en la Xunta de Galicia. El alcalde de la capital gallega, Ángel Currás, que arrastra sendas acusaciones por tráfico de influencias y acoso, anunció por sorpresa su dimisión tras la renuncia de más de la mitad de su equipo la semana pasada. En su lugar tomará el bastón de mando de la ciudad un miembro del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, el hasta ahora conselleiro de Infraestruturas y número tres del PP gallego, Agustín Hernández, que ocupaba el último puesto de la lista electoral del PP a las municipales de 2011.

 Entre rivalidades internas y presiones mediáticas, Feijóo ha pasado en las últimas horas de marcar distancia con los graves escándalos de su partido en Santiago —“es el alcalde quien debe tomar la decisión que considere oportuna; es el dueño de sus decisiones”, decía el pasado jueves— a forzar el segundo cese de un regidor que vive el Ayuntamiento compostelano en tres años de legislatura. El primero fue el de Gerardo Conde Roa, condenado por fraude fiscal. La de Currás es la décimo tercera dimisión política en los despachos municipales desde que en 2011 el PP le arrebató el poder al PSOE en esta ciudad.

Muchos fueron los esfuerzos que hizo ayer el alcalde de Santiago por atribuir su marcha a un “íntimo convencimiento”, a una dilatada “reflexión personal”. Pero el desarrollo de los acontecimientos no acompaña a las palabras de Currás. A las nueve de la mañana, el Ayuntamiento emitía una convocatoria pública para presentar el nuevo gobierno local con el que se pretendían cubrir las nueve vacantes que había dejado la cascada de dimisiones de la semana pasada. Solo nueve horas después, el regidor admitía su renuncia y dejaba en suspenso ese equipo a la espera de que quien será su sustituto le dé el visto bueno.

Entremedias transcurrió solo una mañana. Tras plantar el acto de investidura del nuevo rector de la Universidad, Juan Viaño, y echar varias carreras por el entorno de la Catedral de Santiago para burlar a los periodistas, el alcalde se reunió en secreto con Feijóo y accedió a ser sacrificado. “Con el presidente de la Xunta he hablado largo y tendido y le he trasladado que se necesita una renovación”, esgrimió después en rueda de prensa Currás, cariacontecido. Horas antes, cuando aún no se había producido ese encuentro con Feijóo, al ser preguntado si mantenía sus planes de presentar un nuevo gobierno con él al frente, el regidor respondía: “Creo que sí”. Desde su entorno se afanaban también por simular normalidad. Cuestionada por los rumores de que Currás tiraba la toalla, su teniente de alcalde, Reyes Leis, la única edil que se mantiene de los que tomaron posesión en 2011, seguía contestando: “Creo que no”. Cuatro horas después ya fue que sí.

Y es que la marcha de quien sustituyó a Conde Roa al frente del Ayuntamiento de Santiago tras su defenestración, el mismo que hace solo unos días proclamaba su intención de seguir “al frente de este barco”, sorprendió incluso a dirigentes destacados del PP gallego. La rapidez de los acontecimientos ni siquiera le ha dado tiempo a Currás para decidir si seguirá como concejal, según reconoció él mismo.

En su comparecencia pública, el alcalde dimisionario negó haber recibido “presiones” para abandonar el Ayuntamiento y afirmó que lo suyo no es una “renuncia” sino una “renovación”. “Siempre me he sentido arropado por el partido”, añadió. Dejó en el aire si mantendrá su acta de concejal y se integrará en el futuro gobierno de Hernández —“el silencio es la mejor manera de prudencia”, alegó—, aunque prometió que colaborará con “todas” sus “fuerzas” en reflotar el gobierno popular a un año de las elecciones municipales.

La dimisión del alcalde compostelano —“es una reflexión personal, no viene de ahora”, insistió una y otra vez Currás— prolonga el estado de excepción en el que se encuentra el Ayuntamiento de la capital gallega, una institución en la que el PP se ve obligado a echar mano de concejales no electos ante la caída en desgracia de la mayor parte de su candidatura. Los trámites para formar gobierno se prolongarán necesariamente para que Agustín Hernández formalice su marcha del Gobierno gallego —fuentes populares apuntan a que previsiblemente será relevado por un alto cargo de la Consellería de Infraestruturas— y tome posesión de su acta de edil. Tampoco se sabe si los llamados por Currás estos días para formar parte del nuevo ejecutivo mantendrán su disposición. La marcha del que iba a ser su jefe los ha cogido también por sorpresa y algunos de ellos aún negaban este fin de semana a su entorno los rumores de dimisión que ya corrían por las calles de Santiago.

La intervención de Feijóo se produce después de que el presidente de la Xunta y del PP gallego admitiese que su partido está pagando en las urnas la erosión que le supone la corrupción. El caso Pokémon, el mayor sumario que se instruye en Galicia y que investiga una presunta trama de sobornos a políticos y funcionarios por parte de contratistas municipales, mantiene en jaque a varios gobiernos locales, entre ellos los populares de A Coruña y Santiago. En las pasadas europeas, los populares gallegos pisaron un suelo electoral insólito, sobre todo en las ciudades, las más golpeadas por los escándalos. En Galicia el PP recibió el apoyo de un 34% del electorado, 14 puntos menos que en 2009; en Santiago ese porcentaje fue del 29%, con un descalabro contabilizado en 20 puntos menos.

Currás confesó ayer que tomó el bastón de mando en 2012 tras la renuncia de Conde Roa porque “sentía pasión por Compostela”. “Reconozco que hoy la idea de pasión se acerca más al padecimiento”, ironizó. En este caso el desarrollo de los hechos sí acompaña a sus palabras. Estando él en el cargo, su concejal de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, dimitió tras ser detenido por orden de la juez que instruye la Operación Pokémon. Después, el propio Currás fue imputado en este sumario por enchufar presuntamente a trabajadores en una guardería municipal. Le siguieron en el desfile a los juzgados por tráfico de influencias sus ediles de Educación, Rebeca Domínguez, y Deportes, Adrián Varela. Y poco después fueron acusados de prevaricación, y posteriormente condenados, otros siete concejales que decidieron en junta de gobierno pagar con dinero público la defensa de Varela en este caso de corrupción. Todos ellos han dimitido ya.

“Se ha respondido con responsabilidad en los peores momentos”, afirmó el regidor saliente. “Las circunstancias no han sido fáciles, ni para el gobierno, ni para el alcalde; y he tratado de responder con el mayor nivel de responsabilidad para garantizar que la capital de Galicia tuviese un gobierno estable”. Santiago iba ayer a estrenar un gobierno reconstruido tras los terremotos judiciales pero, al final, se ha quedado también sin alcalde.