El Ayuntamiento de Sant Adrià reduce la deuda a la mitad en plena crisis

Vieron venir la tormenta y cerraron las ventanas a tiempo. El Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs ha logrado reducir su deuda a la mitad durante los años de la crisis. Ha pasado de ocho millones de euros en 2008 (241 euros por habitante) a cuatro millones en 2013 (118 euros por habitante). Fue el municipio catalán que logró la mayor reducción y eso que, durante estos años, el presupuesto se descalabró de 43 millones en 2008 a 34,8 en 2011; para volver a remontar hasta los 37,5 millones de este año. Las claves: no hacer inversiones y reorganizar el gasto. Pero no todo el monte es orégano: el Ayuntamiento tiene problemas de liquidez por los impagos de la Generalitat.

Entre Barcelona y Badalona, con término municipal a las dos orillas del río Besòs, Sant Adrià tiene 35.000 habitantes (11% de inmigración y un 17% de mayores de 65 años), un paro registrado que roza las 4.000 personas y una renta familiar (17.800 euros) que está 25 puntos por debajo de la media catalana. El impacto de la crisis se percibe en los comercios que han cerrado incluso en calles céntricas o en listados como el de admitidos y excluidos en los sorteos de empleos de peón o agente cívico que cuelgan de la fachada del ayuntamiento: 912 personas en total.

“Aquí la gente está muy quemada con los políticos, pero del alcalde [Joan Callau, PSC] hablan bien, porque tiene mucho miramiento con la gente mayor”. Lo dice con la legitimidad que da estar todo el día en la calle la cartera Conchi Gama: “Y el paro, la gente aguanta por los abuelos, no sabes la de hijos que se han vuelto a casa de los padres, ni la de niños que comen en casa de la abuela.”

El grueso de la deuda de Sant Adrià eran (y son) créditos con entidades financieras para cubrir inversiones, explica el concejal de Hacienda y Servicios Generales, Pere Rivero. Inversiones en equipamientos deportivos, culturales, juveniles y educativos, precisa. El estigmatizado barrio de La Mina y su reforma, por si alguien se lo pregunta, es una inversión aparte, de la que se ocupa el consorcio participado por ayuntamientos de Sant Adrià, la Generalitat y la Diputación. Se financia por la venta de terrenos públicos de la zona y por la aportación de sus integrantes, aclara Rivero.

El concejal relata cómo “en 2007 y 2008” el equipo de gobierno —PSC y ICV— comenzó a percatarse “de que algo pasaba, algo comenzaba a tambalearse”. “Aunque nunca imaginamos hasta donde llegaría la crisis”, añade. Lo vieron porque se desplomaron los ingresos derivados de la construcción, al tiempo que subían los intereses de los préstamos y se disparaban las demandas del área de servicios sociales. “Decidimos amortizar todo lo posible la deuda para reducir la partida de intereses y paralizamos las nuevas inversiones”, explica. La partida de intereses pasó de 500.000 euros en 2008 a 125.000 el año pasado. Y del parón inversor fruto del plan de saneamiento solo se ha salvado la rehabilitación del Mercado, que el ayuntamiento entiende que es un polo de actividad económica importante.

El resto de la reducción de la deuda fue posible por un recorte del gasto, que se reorganizó por completo, “apostando” por los servicios sociales y relegando la administración al tercer puesto en la lista de gastos. Por ejemplo, el Ayuntamiento no ha echado a nadie, pero se han reforzado áreas y se han vaciado de efectivos departamentos ahora no tan necesarios. “Se han cambiado las prioridades”, afirma el edil.

Otra de las claves han sido las inyecciones de ingresos procedentes de la central de ciclo combinado de Endesa, heredera de la antigua central térmica del Besòs, la de las tres chimeneas. Por ejemplo, solo el permiso de derribo del interior de la caja de las chimeneas aportó 200.000 euros. La puesta en marcha de la tercera fase de la nueva central de ciclo combinado supuso un incremento de impuestos como el IBI (de bienes inmuebles) o el IAE (de actividad económica) que representaron otro salvavidas.

Con todo, el Ayuntamiento no tiene contabilizado qué porcentaje supone la eléctrica para los ingresos del municipio. Sobre la depuradora del Fòrum, fuentes municipales aseguran que no aporta ingresos; ni el puerto, que gestiona un privado por encargo de Barcelona. En el capítulo de ingresos, Pere Rivero explica que el Gobierno municipal optó por fraccionar la aplicación del aumento del catastro (se hizo en 2011, con aumentos del IBI de hasta el 140%) para no castigar de golpe a las familias.

El concejal cierra su explicación de las cuentas municipales con una alerta: “Estamos saneados, cerramos con equilibrio pero tenemos remanentes negativos de tesorería”. O sea, problemas de liquidez, que se deben, asegura, a “los tres millones de euros que la Generalitat ni paga ni tiene calendario de pago”. Faltan, enumera, 1,7 millones de la ley de barrios, 900.000 euros de programas sociales, por citar las mayores partidas. “Últimamente había problemas pero nunca el Gobierno se había retrasado tanto en temas prioritarios”, concluye. Y suspira de pensar que si las cosas se tuercen mucho, les queda una última bala en la recámara: “Pedir un crédito de caja”.