Ceres incluye los contratos del Ayuntamiento en dos piezas de Gürtel
La información que aportó Compromís al TSJ se refería a las licitaciones del Consistorio entre 1999 y 2011
Compromís ha exigido explicaciones a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por la incorporación de varios contratos del Ayuntamiento de Valencia con diferentes empresas constructoras a las piezas 1 y 2 del caso Gürtel que investiga el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) José Ceres. Esta información fue aportada al tribunal por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, en abril pasado.
Ceres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido estos contratos del Consistorio en las piezas separadas del caso Gurtel donde se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana y los delitos electorales en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y en las generales del 2008.
La información que aportó Compromís al TSJ se refería a diferentes licitaciones del Consistorio entre los años 1999 y 2011 a las empresas constructoras Sedesa, por 16,18 millones de euros, Cyes por 15,07 millones de euros, Lubasa por 1,84 millones de euros, Hormigones Martínez por 1,67 millones de euros y Renos, del Grupo Gimeno, por 1,53 millones de euros.
La documentación aportada por Ribó se refería a contratos de servicios, como la concesión del Centro Cultural la Rambleta otorgado en 2006 por 54 millones de euros a la sociedad Bulevar del Arte y la Cultura, participada por Cyes. A esto se añade la licitación por la construcción y gestión de 9 aparcamientos públicos a Lubasa.
Según Joan Ribó, "el círculo de la corrupción se va cerrando sobre el equipo de Barberà, primero con los contratos de los Valencia Summit con el Instituto Nóos, después con los 2,2 millones de euros contratados por el Ayuntamiento con las empresas Trasgos que colaboraron con las empresas de Correa en la visita del Papa, y ahora el TSJ incluye dentro de la instrucción del caso Gurtel los contratos millonarios, coincidiendo con periodos electorales, con empresas constructoras que supuestamente financiaron ilegalmente al PP".
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