El PP apenas dispone de recambios para suplir a los siete condenados
La oposición culpa a Feijóo por no atajar antes la crisis municipal
Los siete concejales de Santiago condenados ayer por prevaricación despacharon las explicaciones sobre sus renuncias con un lacónico comunicado leído tras reunirse en con el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, en la sede del partido. Una de las dimisionarias, la hasta ahora portavoz del gobierno municipal, María Pardo, flanqueada por Rueda y por el alcalde, Ángel Currás, leyó la nota en la que ella y sus compañeros proclaman su inocencia además de anunciar que recurrirán el fallo judicial por considerarlo “injusto” y “desproporcionado en lo que se refiere a la pena”. Y ya no hubo más explicaciones. Currás no solo evitó comentar cómo resolverá la enorme crisis que afronta ahora —solo le quedan seis ediles— sino que incluso dejó sin contestar la pregunta de si dimitirá él mismo. Al mediodía, el alcalde había hecho unas breves declaraciones en el Ayuntamiento, donde reconoció que la sentencia supone “un golpe muy duro” para su gobierno, pero tampoco ofreció más pistas sobre sus planes de futuro.
La situación es enrevesada para el PP compostelano, cuyo grupo municipal ya estaba diezmado después de que otras actuaciones judiciales obligaran a dimitir al exalcalde Gerardo Conde Roa y a los concejales Albino Vázquez Aldrey y Adrián Varela. De los 25 miembros de la candidatura del PP a las últimas elecciones municipales solo quedan disponibles los ocho últimos. Pero uno de ellos ha fallecido. Y otro está indirectamente implicado en el caso Pokémon, cuyo sumario revela maniobras para enchufar a una hija suya en una de las contratas municipales del grupo Vendex, situado en el eje de la trama.
Entre los seis restantes figuran además el conselleiro de Medio Ambiente y número tres del PP gallego, Agustín Hernández, y la diputada en el Congreso Marta González. Los dos han figurado en todas las quinielas sobre posibles candidatos de futuro para los populares compostelanos, pero en las circunstancias actuales parece difícil que accedan a tomar posesión como concejales, en especial el conselleiro Hernández. El PP, por tanto, se vería abocado a recurrir a los suplentes de la lista o incluso a reclutar concejales no electos, una posibilidad que le ofrece la ley electoral.
Uno de los dos grupos de la oposición local, el BNG, exige que dimita también Currás, imputado él mismo en dos causas judiciales. “No puede seguir ni un día más. Está deslegitimado y desprestigiado”, acusó el portavoz nacionalista, Rubén Cela. Tanto él como el socialista Francisco Reyes señalaron al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez, Feijóo como responsable último de la situación por no haber tomado medidas antes. “La situación de la capital de Galicia es un esperpento que prueba la podredumbre generalizada de este régimen”, sentenció el líder de AGE, Xosé Manuel Beiras. “Esto tendría que haberse limpiado antes a iniciativa de Feijóo”, abundó el líder del BNG, Xavier Vence, apreciación en la que coincidieron otras fuerzas políticas como UPyD y Compromiso por Galicia. Sin citar a Feijóo, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, había instado al PP, antes de conocer las dimisiones, a no permitir que “el problema se extienda”.
Los demás pagan de su bolsillo
Los Ayuntamientos de Lugo, Ourense y A Coruña, con regidores o tenientes de alcaldes imputados judicialmente, no pagan los gastos de representación y defensa de sus cargos municipales. Los gobiernos locales de estas ciudades, a diferencia de Santiago, eludieron cargar a sus cuentas públicas las minutas de los abogados de sus miembros inmersos en procesos judiciales. Incluso en los casos en los que la ley les permite reclamar la asunción de esos gastos por tratarse de inculpaciones o procesamientos derivados de actuaciones en el ejercicio de su cargo y cometidas sin abuso, exceso, desviación de poder o por interés particular.
Son estos requisitos imprescindibles para que sea legítimo, según establece una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000, que un alcalde o un edil reclame que su defensa jurídica sea pagada con fondos públicos. No es el caso del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (PP), que paga su abogado por su imputación por corrupción en el abultado sumario de la Operación Pokémon.
El alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, también implicado en esa causa, tampoco carga a las arcas municipales sus gastos de defensa. Fue su partido el que los asumió por otras causas ya archivadas contra este regidor. En Ourense, el alcalde y dos de sus concejales del gobierno local —los tres también socialistas— pagan igualmente de su bolsillo los abogados que los defienden de las imputaciones que le valieron denuncias de la oposición local.
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