Guerra a la fiebre de las autovías

Corría el año 2000 cuando Francisco Álvarez Cascos decidió ampliar 25 años la concesión de la Autopista del Atlántico, hasta 2048. Privatizada la empresa pública tres años después, el negocio aguó las esperanzas en Pontevedra y Vigo de que el paso por el puente de Rande se librase por fin del peaje y los ciudadanos de recorrer la pesadísima carretera nacional. Así que antes de abordar el tabú de un rescate de la concesión, se viene rumiando desde entonces la posibilidad de levantar otra autopista alternativa. Se esbozaron propuestas diversas sobre posibles itinerarios con poco reflejo en los presupuestos hasta que el año pasado empezaron a tornarse serios los trabajos para iniciar un primer tramo en Pontevedra que sirva al mismo tiempo de circunvalación y en el que Fomento planea gastar 84 millones. El problema es que el trayecto entre Vilaboa y A Ermida, de poco más de seis kilómetros, partiría un monte por la mitad, afectaría al nacimiento de un río, a una decena de captaciones de agua, a un castro, al camino de Santiago y a otras vías históricas, ni siquiera conecta entre sí a las parroquias que atraviesa y en definitiva, dicen sus opositores, no hace falta.

“La crisis no nos ha enseñado nada”, lamentaba la semana pasada Salvador Calviño, portavoz de la asociación Salvemos A Fracha, bautizada con el nombre del monte que quedará cuarteado con la obra, en una reunión con vecinos de Marcón, una de las cinco parroquias pontevedresas que atraviesa el trazado previsto. Creen en la plataforma, que empieza a recabar apoyos en la ciudad, que antes de meter las excavadoras habría que reflexionar si la obra vale la pena, y más teniendo en cuenta los recortes en sanidad y servicios sociales de los últimos años. De momento hay seis millones de euros consignados en los presupuestos para expropiaciones, bastante lejos de los 144 previstos por Audasa para levantar otros dos carriles en el puente de Rande de la AP-9, un proyecto que se desarrolla en paralelo.

El diseño del proyecto es de 2010 y sorprendentemente las expropiaciones comenzaron antes de que se redactase el estudio de impacto ambiental, ahora en fase de alegaciones. Salvemos A Fracha presentó un informe, elaborado por dos ingenieros agrícolas y uno de caminos, que ataca el documento. “Es un paripé”, insiste uno de los expertos responsables, Ángel Bravo, que señala que de las dos “alternativas recomendadas” que propone el estudio, una es precisamente el proyecto de hace cuatro años, y otra es tan parecida que puede hacerla “un ordenador en media mañana”.

La afección es mayor en el lugar de Pintos, que se parte en dos con taludes de hasta 60 metros en una especie de trinchera en medio del monte que toca hasta 50 puntos de agua, cinco veces más de los que reconoce el proyecto del Ministerio de Fomento. Queda comprometido el castro de A Farexa, el camino de Santiago, la también histórica ruta de los arrieros a Ribadavia y la fauna y flora locales.

Los opositores entienden que la vía no sería una circunvalación sino un corredor, que además de no conectar las áreas que atraviesa obligaría a recorrer siete kilómetros desde el centro de la ciudad para acceder a él. Es la misma línea en la que se expresa la Sociedade Galega de Historia Natural en su propio escrito de alegaciones cuando señala que “es más sensato, racional y económico, tanto social como medioambientalmente, acelerar la reversión de la autopista a la Administración y abrir su uso gratuito, que tener una carretera nacional, una autovía y una autopista juntas en un tramo de 10 kilómetros”.

La oposición a la infraestructura ha cogido algo desprevenido al gobierno de Pontevedra, del BNG, que el lunes trató en el pleno las alegaciones de sus propios técnicos. “A pesar de las medidas correctoras propuestas, provoca un daño al medio demasiado alto”, reconoce la técnico municipal de Medio Ambiente, que propone la construcción de túneles que limiten el impacto.

El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, se mostraba sorprendido en la sesión. “Nos ponen ustedes en una situación muy difícil”, replicó a los miembros de la plataforma presentes, a los que vino a decir que la circunvalación —Pontevedra es la única ciudad gallega que carece de ella— es una reivindicación municipal desde hace 15 años y que no será “serio” rechazarla ahora. A la polémica se suma la prevista ronda urbana, un tramo interior de la circunvalación, más cercano al núcleo de la ciudad, que tiene previsto acometer la Diputación tras firmar un convenio el año pasado con el Ayuntamiento. “Amplían Rande y hacen otra autopista paralela. Seguimos con la misma paranoia de las infraestructuras”, resume Bravo.