La CIG denuncia a un delegado de la Xunta por prevaricación

Al jefe territorial de Traballo e Benestar de la Xunta en Ourense le crecen los problemas judiciales. José Selas, mano derecha del imputado superdelegado de Feijóo, acaba de ser denunciando ante la fiscalía por presunta prevaricación. La CIG asegura que no restituye a miembros del sindicato nacionalista a sus puestos de trabajo en la Administración autonómica como represalia directa por su actividad sindical. A uno de ellos, Alfonso Diz, dos sentencias en firme le dieron la razón en una solicitud de reincorporación a una plaza en un instituto pero, según relata el escrito presentado ante la fiscalía, Selas hizo caso omiso a los jueces y entregó ese puesto a otra persona.

La CIG denuncia otras presuntas irregularidades y señala a este jefe territorial como responsable directo. El sindicato afirma que el encargado de un centro de formación de Allariz “no tiene ninguna vinculación contractual con la Xunta” ya que “no aparece en la relación de puestos de trabajo” y el pasado mes de abril figuraba inscrito como autónomo en la Seguridad Social. “Es un enchufe, un favor personal pagado con dinero público”, afirman. También aprecian un presunto delito de malversación de caudales públicos en el centro integrado de formación profesional Santa María de Europa, donde varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconocieron la consolidación del puesto de trabajo a “expertos docentes” que, tras el fallo judicial, fueron apartados de la enseñanza mientras se contrataba a personal ajeno a la Administración pública para sus puestos.

El líder del sindicato en Ourense, Etelvino Blanco, asegura que “en algunos casos se busca favorecer a entidades privadas y en otras a personas concretas en una actitud caciquil por parte de este señor en detrimento de la ley”. Para Blanco son “prácticas mafiosas hechas desde la Xunta” ya que es “una actitud presuntamente prevaricadora de discriminación sindical que requiere de una investigación”. De hecho, el juez de lo contencioso administrativo número dos de Ourense ya calificó la actitud del jefe territorial como prevaricadora. En una sentencia de octubre de 2013 por una reclamación laboral de un liberado sindical, el juez concluye que “la Administración pasa por encima de cualquier criterio legal de forma injustificada con la única finalidad de favorecer a una persona en detrimento de otra en una actuación que podría calificarse de prevaricadora”. La denuncia del sindicato nacionalista no es la primera reclamación interpuesta contra Selas por empleados públicos. Es funcionario de carrera del cuerpo de gestión de la Xunta de Galicia y durante las dos últimas décadas ha ocupado diversos cargos por designación política como secretario provincial de Traballo, Asuntos Sociales y Sanidade con Fraga o como inspector de turismo o jefe de negociado en la Dirección Xeral de Función Pública.