El ‘banco malo’ cede 600 pisos a la Generalitat para ponerlos en alquiler

La Sareb o el banco malo cederá a la Generalitat 600 pisos para que los ponga en alquiler durante por lo menos cuatro años. Son viviendas procedentes del rescate bancario que estaban en manos de entidades financieras y que permanecen vacías desde hace años en los 72 municipios en los que el Gobierno catalán tiene demanda "acreditada". No se tratará, por ejemplo, de apartamentos de playa en lugares donde no hay demanda, aclara el secretario de Vivienda, Carles Sala.

Estas viviendas se sumarán a partir de junio a las 630 también de alquiler fruto de convenios entre el Gobierno catalán y CatalunyaCaixa o Bankia. En total, los más de 1.200 pisos forman parte del programa de cesión de viviendas procedentes de entidades, ha precisado al presentar el Plan el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila.

La cesión de pisos por parte de la Sareb es la única novedad del Decreto del Plan por el Derecho a la Vivienda que hoy ha aprobado el Gobierno catalán. El plan tiene una pata social y otra de reactivación del mercado inmobiliario. El presupuesto previsto, en cuatro años, es de 480 millones de euros. El plan fue presentado en febrero del año pasado, pero el decreto no ha sido aprobado hasta hoy.

El eje social, dotado de 258 millones, prevé ayudar a 210.000 familias para "evitar la exclusión social residencial y facilitar a la ciudadanía el acceso a la vivienda". Incluye desde la remodelación de barrios degradados, hasta las tareas de mediación de Ofideute (400 con éxito el año pasado) o las ayudas a parados de larga duración o al pago del alquiler (casi 19.000 personas en 2013).

En este capítulo del plan también entran las ayudas para evitar desahucios, unas subvenciones que son de hasta 3.000 euros anuales y que el año pasado recibieron casi 3.000 familias. Para este 2014 la Generalitat prevé que entre desahucios hipotecarios y por alquiler estas ayudas lleguen a casi 7.000 familias. La cifra contrasta, con todo, con los 16.000 desahucios que ejecutaron los juzgados el año pasado en Cataluña, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El eje de reactivación, dotado con 222 millones en cuatro años,se centra sobre todo en incentivar el sector de la construcción y especialmente el de la rehabilitación. "Debemos aprender las lecciones de la década prodigiosa" ha precisado con ironía el consejero Vila.