Condenado a seis años un comisario de la Policía Nacional por sobornos

La Audiencia de Barcelona ha impuesto severas penas de prisión a los implicados en la trama de corrupción policial en torno a los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels (Barcelona). Ninguno de los 20 acusados por corrupción (entre mandos policiales, proxenetas y abogados) ha logrado la absolución. El policía de mayor rango es el comisario Luis Gómez, que fue jefe de la unidad contra la inmigración ilegal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Los magistrados han impuesto a Gómez la pena de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho, además de un total de 14 años de inhabilitación para cargo público.

Un total de seis funcionarios de la Policía se han sentado en el banquillo de los acusados en uno de los mayores escándalos de corrupción policial ocurridos en Cataluña. Desde el año 2002, los policías proporcionaron protección a los burdeles y alertaban a los dueños sobre futuras redadas para que éstos pudieran retirar a las chicas que se encontraban en situación irregular en España. A cambio, recibieron dinero, regalos y diversos favores. En el caso del comisario, por ejemplo, el dueño del club Riviera pagó un psiquiatra para su hijo y le dio trabajo en una de sus empresas. En el juicio, Gómez justificó los “favores” del empresario por la “relación humana” que tenía con él.

Además del comisario, han sido condenados tres inspectores y dos agentes. Uno de ellos, José Javier Martín Pujal, alias Jordi, jugó un papel esencial en la trama. Jordi afrontaba la petición más elevada (44 años) y ha sido finalmente condenado a cinco años y medio de prisión por cohecho pasivo. En 2007, el inspector se reunió en el hotel Plaza de Barcelona con el dueño del Saratoga, Raúl Pascual, y el encargado del local, Carmelo Sanz. Este último grabó la conversación para denunciar la supuesta “extorsión” a la que quiso someterle. En su declaración, el encargado dijo que Jordi amenazó con “freírle” a redadas si no le pagaban. Los magistrados han absuelto a Jordi de esa extorsión, aunque le han condenado por cohecho. Durante el juicio, el inspector alegó que ya sabía que sus jefes estaban en connivencia con los amos de los burdeles y que se había intentado “infiltrar” para poner fin a esa trama.

El inspector Andrés Otero ha sido condenado a cinco años de cárcel por cohecho, mientras que para otro inspector bajo sospecha, Abundio Navas, la pena ha sido de tres años de cárcel por falsificación. El agente Ignacio Landa ha sido condenado a un año y medio de prisión, mientras que su compañero Manuel Melendo deberá pagar una multa de 1.800 euros.

La sentencia, de 603 páginas, da por probado que “hubo avisos de las inspecciones procedentes de fuentes policiales”, ya que el número de mujeres identificadas por infracción de la Ley de Extranjería era muy inferior cuando se producían esos avisos. Desde 2009, los clubes Riviera y Saratoga permanecen cerrados de forma cautelar. La resolución decreta “la clausura definitiva de los establecimientos” y ordena “la disolución de las sociedades” a través de las que regentaba.

Las penas más elevadas han sido impuestas, de hecho, a los dueños y gestores de los burdeles. Pascual, dueño del Saratoga, ha sido condenado a diez años y medio de cárcel por inducción a la prostitución, asociación ilícita y cohecho. Sanz, encargado del club, ha sido condenado por los mismos delitos a cinco años y medio. El dueño del Riviera, Antonio Herrero, ha sido sentenciado a ocho años y 11 meses, un año más que el otro propietario, José Vera.

Tres abogados que estaban implicados en la trama corrupta también han sido condenados por extorsionar, presuntamente, a dueños de burdeles de Barcelona. Fernando Martínez, a seis años y medio de cárcel, mientras que otros dos letrados han sido condenados a penas menores.