Excargos de Adif se negarán a declarar ante el juez que los imputó por Angrois

Los once excargos de Adif imputados hace dos semanas por el accidente de tren de Santiago se acogerán a su derecho a no declarar cuando comparezcan en los próximos días ante el juez instructor del caso, Luis Aláez. Así se lo están transmitiendo ya sus abogados defensores a Aláez en escritos en los que le avanzan que esperarán a que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los recursos contra sus imputaciones que han presentado la Fiscalía, la Abogacía del Estado en defensa de Adif y los propios imputados.

El juez Aláez atribuye una presunta responsabilidad penal a once excargos que ocupaban distintos puestos en Adif en diciembre de 2011, cuando se abrió la línea Ourense-Santiago en la que el pasado 24 de julio descarriló un tren Alvia provocando la muerte de 79 personas. Los acusa de no haber dispuesto las medidas de seguridad adecuadas que paliasen el despiste que sufrió el maquinista del tren, también imputado en la causa. Por ello, los citó a declarar entre el viernes de esta semana y el miércoles de la próxima. Sin embargo, en el juzgado han entrado ya varios escritos de sus abogados defensores avanzándole al juez que “se acogerán a su legítimo derecho a no declarar en este momento procesal”. Adif ha indicado que los once citados harán lo mismo.

Los letrados argumentan a Aláez que no han tenido tiempo para conocer los más de 40 tomos que acumula la instrucción. Los representantes de algunos de los excargos también le trasladaron al juez que su objetivo es no declarar hasta que la Audiencia decida sobre los recursos presentados contra sus imputaciones, con la esperanza de que, como ya sucedió en noviembre, el tribunal las levante por falta de sustento del auto de Aláez. Ante esta situación, al menos un abogado representante de cuatro de los imputados ha pedido al juez que concentre en un solo día las comparecencias obligadas de sus clientes, que estaban repartidas en tres jornadas distintas. Aláez lo ha aceptado y ha convocado a los cuatro al mismo tiempo, a las 13.00 horas del próximo martes, cuando previsiblemente se limitarán a transmitirle en persona su intención de no declarar.

La petición de agrupar por comodidad en el mínimo de jornadas posibles de la próxima semana todas las comparecencias ya que buena parte de los imputados se negarán a declarar la apoya también al menos un abogado representante de víctimas. Este, como los defensores de los imputados, recuerda que parte de los letrados se deben desplazar desde fuera de Santiago y les resultaría más cómodo y barato hacerlo un único día y no varios. Los ahora citados –el presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín; los nueve vocales del Consejo de Administración y el director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte– ya habían estado en esta situación cuando el pasado septiembre Aláez los imputó a ellos 11 y a otros 16 cargos de la empresa pública. Entonces no habían llegado a declarar porque la Audiencia resolvió antes su recurso y les levantó los cargos.

Por otra parte, los dos ingenieros nombrados peritos judiciales a propuesta de la Xunta, José Manuel Lamela (Industriales) y Juan Carlos Carballeira (Caminos), han solicitado realizar nuevas pruebas para acotar las causas del accidente. Lamela ya ha presentado un peritaje provisional en el que ratifica que el Alvia descarrilado cumplía todos los requisitos, pero solicita que una empresa realice nuevas mediciones del tren y que la Universidad Politécnica de Madrid analice el comportamiento que habría tenido a distintas velocidades. Por su parte, el ingeniero de Caminos, que aún no ha entregado su informe preliminar, ha comunicado al juez que a su juicio los “aspectos más delicados” del caso son los relativos a la señalización y medidas de seguridad de la línea. Aunque esas cuestiones están siendo estudiadas expresamente por cuatro peritos ingenieros de Telecomunicaciones (uno independiente y tres de parte), Carballeira ha pedido el asesoramiento de otro experto en esas cuestiones, el catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo, con un coste estimado de 30.000 euros. También pide la contratación por otros mil euros de un equipo de topografía para comprobar la geometría de la curva de Angrois. El juez Aláez considera “adecuadas” las peticiones de ambos peritos y las ha trasladado a la Xunta, encargada de sufragar sus trabajos.