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Receptores de la RMI rechazan contratos precarios por temor a perder la ayuda

El Tercer Sector pide a la Generalitat la reforma de la ley y su adecuación a las nuevas necesidades

A.G., una perceptora de la RMI, en la sala de su casa
A.G., una perceptora de la RMI, en la sala de su casa

A veces la pobreza tiene vistas al mar. Desde el salón del piso de su madre en la Barceloneta A. R. mira el mar con serenidad. Esta gestora cultural pide el anonimato porque a sus 51 años espera volver a dirigir un teatro, su último trabajo estable antes de caer en el desempleo. “Me separé, mi madre y yo enfermamos, la vida se desmoronó ante mis ojos y terminé en los servicios sociales”, recuerda. Desde hace cuatro años, los 459 euros de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que le da la Generalitat son su único ingreso. “Los trabajos que consigo gracias a maquillar mi currículum para parecer menos preparada son por pocos meses. Temo aceptarlos y perder la RMI”, confiesa

Lo que es un temor para A. G es una realidad para Luis Gil. Este vecino de Terrassa, de 37 años, accedió a la RMI en 2010. Trabajaba en la construcción hasta que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria lo dejó con una mano delante y otra detrás. Buscando trabajo un día sí y otro también y participando en programas formativos de la oficina de empleo encontró en 2012 un puesto temporal en la reforma de fachadas. Encadenó algunos meses de empleo precario y pudo cobrar unos 400 euros del paro. En julio de 2013, cuando se le acabó la prestación e intentó reactivar la RMI, a lo que tiene derecho. Casi un año duró el silencio de la Administración. “Hace una semana me llegó una carta diciendo que me denegaban el acceso porque en los últimos 12 meses había tenido ingresos. Y tengo que volver a comenzar la tramitación”, lo que puede suponer al menos un año sin ningún tipo de ingresos. Estas dilaciones disuaden a los afectados de buscar trabajo, ya que cuando se les acabe tardarán meses en poder cobrar la RMI o se la negarán por haber tenido ingresos el año anterior.

El endurecimiento de las condiciones para acceder al RMI, en agosto de 2011, planea sobre muchos de sus receptores. La agudización de la crisis, el nacimiento de una nueva pobreza y la precarización laboral han cambiado el panorama para el que la ayuda fue diseñada. Esta semana, la Taula del Tercer Sector instó otra vez a la Generalitat a aprobar una nueva ley que llegue a más personas y a más perfiles.

El departamento de Empleo dice que sí hay vuelta al subsidio después del fin del contrato

“Es una necesidad improrrogable para poder atender la heterogeneidad de las privaciones económicas”, dijo Angels Guiteras, presidenta de la entidad, durante la presentación del estudio Nueva pobreza y renta mínima de inserción. El informe, elaborado por el politólogo Ernest Gutiérrez, revela que unas 25.209 persones reciben ahora la RMI en Cataluña, pero hay unos 352.500 hogares con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales, la linde de la pobreza. A esos se suman unas 240.000 más que, aunque son asalariadas, cobran menos de 650 euros al mes.

Un portavoz del Departamento de Empresa aseguró que se trabaja en la reforma. “Como no hay una fecha establecida, no se puede decir que haya una demora”, argumenta. Y sobre los casos concretos que denuncian Gil y la gestora cultural no se pronuncia. “Cada casuística es diferente, pero la ley dice que el abono de l a RMI debe reanudarse si desaparecen las circunstancias que han motivado su suspensión”, precisa.

En verano de 2011, y con la excusa de combatir el fraude y buscar la racionalización de los recursos, la Generalitat decidió revisar los expedientes RMI, generando miles de expulsiones del sistema y el retraso en el pago de las prestaciones. Las reformas legales buscaban excluir a las personas pobres a raíz de perder el empleo, que no tenían una dificultad social añadida como el peligro de exclusión social. Además se pretendía que el RMI no se pudiera complementar con otras ayudas, recuerda Gutiérrez. Se calcula que entre 2011 y 2012 unos 7.000 hogares se quedaron sin la ayuda y hasta el año pasado se han negado 37.000 peticiones.

Unos 240.000 catalanes tienen trabajo, pero cobran menos de 650 euros al mes

La renta, como herramienta de inserción laboral, persigue que el beneficiario consiga un trabajo que le devuelva autonomía. Pero deterioro del mercado laboral lo hace imposible. “Es penoso tener una renta de inclusión que lo que hace es que la gente renuncie a insertarse laboralmente”, denuncia Pilar Aguilar, técnica de gestión de la RMI de la Fundación Instituto de Reinserción Social. Desde la trinchera, certifica varios casos de personas que logran encontrar trabajos temporales y que después tienen problemas para reanudar a la prestación. “No son salidas laborales, son parches”, agrega.

Una persona puede estar un mes en un trabajo temporal sin perder la RMI. Superado este periodo, la prestación se reduce o se suspende. “El verano pasado me llamaron de una panadería. Me prometieron un sueldo de mil euros. A las tres semanas llegaban proveedores a decir que no les pagaban. Me di cuenta de lo piratas que eran y logré escaparme. Solo me dieron 600 euros. A los pocos días cerraron”, explica A. G. “Yo quiero trabajar, como todos, pero tienes muy pocas garantías” añade.

“En la ley de la renta mínima están escritas unas cosas y se practican otras. El departamento sabe de nuestras quejas y está trabajando en ello”, confirma Teresa Crespo, presidenta de las Entidades Catalanas de Acción Social. “No puede ser que una prestación ligada a la búsqueda de trabajo castigue la ocupación. Condenar a las personas a ir a la cola de nuevo es ponerlas en una situación aún más vulnerable”, sentencia.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales constatan los esfuerzos de Empresa para agilizar los expedientes. “La RMI ya no se ajusta a la nueva realidad social y laboral. Hay que apostar por una renta mínima garantizada”, pide Núria Garrido. Por lo pronto, los ojos están puestos en qué sucederá con los beneficiarios de la prestación que participan en los programas de ocupación que terminan en junio y que deberían volver a recibir la prestación. A Crespo le preocupa que la empresa privada no arrime más el hombro: “Si no hay activación, tienen que haber actividad. Hay voluntariados que terminan siendo puestos de trabajo”.