Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Educación decreta el cierre de 17 guarderías ilegales

Los afectados se sienten "perseguidos" por la consejería

Niños de 2 a 3 años en una guardería concertada andaluza, en una foto de archivo.
Niños de 2 a 3 años en una guardería concertada andaluza, en una foto de archivo.

La crisis económica y el descenso de la natalidad han desatado un conflicto en la educación infantil. Las escuelas infantiles, que certifica la Generalitat Valenciana, han puesto bajo lupa a las guarderías, cuya licencia otorgan los Ayuntamientos. El cruce de denuncias se ha saldado con el decreto de cierre, por parte de la Consejería de Educación, de 17 "guarderías ilegales" en toda la Comunidad Valenciana.

Según fuentes de Educación, que dirige María José Catalá, de las 17 guarderías, a las que se les da un mes de plazo para el cese de su actividad, 11 están en la provincia de Alicante. El año pasado la Generalitat abrió expediente a 44 guarderías por incumplir la ley.

La Generalitat asegura que estos centros no cumplían con los "requisitos mínimos, instalaciones y servicios, así como con la cualificación del profesorado". Fuentes de la consejería aclaran que los expedientes se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por las escuelas infantiles.

Sin embargo, las guarderías afectadas se sienten "acosadas y perseguidas". Marina Bustamante, presidenta de la Asociación Cipa (Centros Infantiles de la Provincia de Alicante), aclara que las guarderías son "centros asistenciales, flexibles en horarios y en servicios, y que no educamos, solo cuidamos y atendemos a menores entre 0 y 3 años". 

Bustamante considera que los dos modelos, el de escuelas infantiles y guarderías, "deben y pueden coexistir" porque las necesidades de las familias son diferentes. Para Cipa el problema es que la Administración pretende equipar las guarderías infantiles con las escuelas, y "ni somos, ni queremos ser como ellas", aclara la presidenta.

Esta semana, según Cipa, un centenar de pequeñas guarderías de la provincia de Alicante han recibido cartas rechazando las alegaciones que presentaron hace unos meses y concediéndoles 10 días de plazo para volver alegar. Además, se les insta a cerrar en un mes sus instalaciones si no subsanan sus deficiencias.

Más información