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'caso de miguel'

Empresarios catalanes aseguran que Arruti realizó los trabajos que le pagaron

Aseguran que no conocían la "empresa pantalla" de De Miguel, que recibió dinero pagado por ellos a través de una tercera compañía

Los responsables de la empresa catalana Riera Urbanizer durante los años que investiga el juez instructor del conocido como caso De Miguel, Roberto Ramos, han declarado este jueves en los juzgados de Vitoria en calidad de imputados por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo, por su vínculo con el proceso de recalificación de unos terrenos en la localidad alavesa de Zambrana, una modificación que no llegó a realizarse finalmente y que está siendo analizada por presuntos pagos de comisiones ilegales.

Uno de los dos imputados, Francesc Fernández Joval, explicó que contrató a la empresa Sidepur, administrada por Josu Arruti, amigo del exdiputado foral de Álava Alfredo de Miguel y militante del PNV, y que este realizó todos los trabajos que se le encomendaron, relacionados con la intermediación para la compra de terrenos. Los actuales inversores de la empresa catalana presentaron una querella contra Fernández Joval por administración fraudulenta de bienes en la que recogieron que se pagó en torno a un millón de euros a Sidepur por servicios "no ejecutados". Ayer el exresponsable de Riera aseguró que Arruti hizo "perfectamente" los trabajos que le fueron encomendados.

Uno de los pagos está siendo investigado porque según los movimientos de cuentas analizados parte del dinero finalizó en una cuenta a nombre del padre de Arruti, que a su vez ingresó en Kataia Consulting, la empresa considerada por el juez instructor como "empresa pantalla" del exdiputado foral de Álava y exdirigente del PNV Alfredo de Miguel.Fernández Joval aseguró que tuvo conocimiento de la existencia de Kataia Consulting a través de los medios de comunicación, una vez se destapó el caso.

Arruti declaró durante la instrucción que el dinero ingresado por Sidepur a Kataia Consulting tenía como objeto realizar una serie de informes sobre la recalificación que se perdieron en unas inundaciones. Esa cantidad fue el punto de partida con el que la empresa de De Miguel arrancó sus trabajos en 2005.

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