La Diputación de Castellón pide el cierre del almacén de gas Castor

La “relación directa” que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha hallado entre los 512 seísmos que se registraron en septiembre del pasado año frente a las costas de Vinaròs y la inyección de gas del almacén Castor no ha encontrado unanimidad de criterios entre los responsables políticos de Castellón.

Mientras el presidente de la Diputación, Javier Moliner, calificaba este martes el documento de “concluyente” para no reabrir la planta de nuevo y exigir una depuración de responsabilidades al Gobierno de Zapatero, el subdelegado del Gobierno, David Barelles, rebajó la “relación directa” a “algún tipo de correlación” entre Castor y los terremotos. Barelles indicó, además, que el Gobierno ha reclamado más informes y que también se está estudiando qué pasaría con la compensación económica a Escal UGS de no ponerse en marcha la planta.

Barelles se refirió a la cláusula que recoge que en caso de suspensión o finalización de la concesión las instalaciones pasarán a ser titularidad del Estado y se tendría que indemnizar al operador por su valor neto. El proyecto ha costado 1.702 millones.

Moliner admite que se enteró del informe del IGN por la prensa

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan (PP), también habló de esta compensación al apuntar que “no hay que tomar decisiones precipitadas”. El regidor, no obstante, aseguró estar tranquilo porque el Gobierno, dijo, mantiene su intención de no reabrir la planta hasta que no haya garantías.

Javier Moliner consideró que el informe del IGN es más que suficiente para no reabrir la planta. “Los informes han sido concluyentes y, por tanto, el compromiso que mantuvo el Gobierno y el ministro (de Industria, José Manuel Soria) entiendo que se va a cumplir”, dijo. El compromiso al que se refirió fue el alcanzado en plena crisis del Castor cuando el ministro garantizó que no se retomaría la actividad hasta que no existiera garantía absoluta por parte de informes técnicos de que, de abrirse, no se repetirían los seísmos que tanto alarmaron a la población.

Moliner insistió además en que las conclusiones del IGN son de “la suficiente gravedad” como para “que se depuren responsabilidades” contra los responsables que aprobaron el proyecto. “El informe confirma que es más necesario que nunca depurar las responsabilidades de quien firmó una obra de 1.800 millones sin tener toda la información actualizada (…) Es el ejemplo vivo del despilfarro en la gestión pública”, manifestó.

EU lleva el estudio a la fiscalía para que depure responsabilidades

Ni el presidente de la Diputación, ni el subdelegado del Gobierno, ni los alcaldes afectados tuvieron conocimiento del resultado de este informe hasta que se dio a conocer por el diputado de IU en el Congreso, Ricardo Sixto. Barelles apeló a la investigación judicial abierta para justificar este secretismo.

La fiscalía de Castellón abrió una investigación de oficio a raíz de los seísmos y después de que el ministerio ordenara la paralización de la actividad en la planta. Este martes, la diputada autonómica de EU Marina Albiol presentó el informe del IGN para que se tuviera en cuenta en esta investigación. “Entendemos que debe ser la fiscalía la que determine las responsabilidades penales de la empresa o del anterior gobierno central y autonómico”, dijo a las puertas de los juzgados.

Industria está a la espera de nuevos informes (encargados a la Universidad de Stanford y del MIT) para confirmar la relación directa apuntada por el IGN. En este sentido, el catedrático de Geología de la universidad de Zaragoza, José Luís Simón, destacó que estos informes son necesarios dado el “muy grande grado de incertidumbre” que ha dejado el citado documento y por la necesidad de estudiar al detalle la falla no cartografiada que habría sido la causante de los terremotos.