El alcalde de Palas impulsa otro castigo contra la secretaria que lo denunció

La secretaria-interventora del Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo) volvió a su puesto el pasado 20 de enero tras más de dos años de suspensión de empleo y sueldo y con una querella presentada en el juzgado en la que acusa al alcalde de acoso y corrupción. Celia González regresó por mandato judicial, tras anular los tribunales las sanciones que le impuso el regidor, el popular Pablo Taboada, el mismo al que la funcionaria recriminaba sus manejos con el bastón de mando. Solo cinco días hábiles después de incorporarse, el registro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recibió una denuncia del gobierno local de Palas para que se le abriera a González otro expediente disciplinario. “La ponen como si fuera el demonio. Es imposible que en tan poco tiempo hiciese todo eso que dice el Ayuntamiento”, afirman fuentes que han tenido acceso al escrito. Taboada asegura que los hechos comunicados al ministerio, de los que dice no recordar detalles, son los mismos que los de los dos anteriores expedientes anulados por la justicia. “Yo lo único que he hecho es trasladar al Estado una documentación para que la valoraran”, afirma el dirigente popular.

A la funcionaria, cuya misión es asesorar jurídicamente al alcalde y controlar cada euro que mueve, el ministerio le comunicó, como Administración competente en el asunto, su nueva suspensión de empleo y sueldo por un máximo de seis meses el pasado 14 de abril y ya está de nuevo en casa cobrando solo un porcentaje de su salario. “Los expedientes son una excusa para que no vaya al Ayuntamiento”, critican desde el Colegio General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), una organización que junto con la entidad colegial de Lugo ha recurrido la decisión del departamento de Cristóbal Montoro. Cosital denuncia que hay regidores que imputan faltas muy graves a sus secretarios para que sean suspendidos y así zafarse de su control en el consistorio. Cuando se demuestra que las acusaciones son falsas, se allanan a pagarles las nóminas atrasadas porque su objetivo ya se ha cumplido, explica la entidad. Y cita el caso del municipio de Peguerinos (Ávila), en el que el regidor fue condenado por prevaricación continuada en 2010 por una maniobra de este calibre.

Los colegios profesionales de secretarios e interventores municipales reprochan al ministerio que haya dado el visto bueno a la solicitud del alcalde de Palas sin tener en cuenta “los antecedentes”, es decir, que la secretaria ya fue castigada durante más de dos años por un procedimiento que se declaró ilegal en sentencia firme. El regidor, por su parte, asegura no recordar en qué consisten las faltas muy graves que ha comunicado al ministerio. “En su día nos dijeron que no éramos competentes y hemos informado a la Administración que sí lo es”, afirma.

“El alcalde no quiere que esté allí”, dice Celia González. La secretaria suspendida de Palas presentó en 2011 una denuncia contra Taboada, su antecesor —el también popular Fernando Pensado— y cuatro empleados municipales por acoso, prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones. Los querellados permanecen imputados por un juzgado de Chantada. La base de la denuncia son las irregularidades detectadas por la funcionaria cuando llegó a su puesto a finales de 2008. “Me opuse a prácticas que se hacían en el Ayuntamiento desde tiempo atrás, como falsificar facturas para justificar subvenciones, justificar subvenciones de obras no ejecutadas, modificar asientos del registro de entrada y salida de correspondencia, efectuar pagos sin consignación presupuestaria...”, enumeraba hace un par de meses González a este periódico. La secretaria de Palas llegó a estar de baja por depresión, una situación que en su querella achaca a la “constante actitud” de dos empleados municipales que, con el “consentimiento” de sus superiores políticos, actuaron para que González “no pudiese llevar a cabo las labores que la ley le encomienda”.