Cataluña destina diez veces menos dinero a la renta mínima que Euskadi
Las entidades sociales piden una revisión de la ayuda para este nuevo contexto de pobreza
La Generalitat solo destina el 0,5% de su presupuesto a la Renta Mínima de Inserción (RMI), la prestación orientada a paliar la lacra de la pobreza. El importe de la partida es cuatro y diez veces mayor en Navarra y Euskadi respectivamente. Estos son dos de los datos presentados hoy en durante el debate sobre el informe Nueva Pobreza y RMI, realizado por la Taula del Tercer Sector de Cataluña. Las entidades han reclamado una revisión global de la ayuda para responder al nuevo contexto de pobreza que ha generado la crisis económica y la precarización de las condiciones laborales.
Un total 25.200 personas reciben esta ayuda en territorio catalán, según datos oficiales. Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, ha explicado que, sin embargo, 352.000 personas en Cataluña tienen ingresos inferiores a 9.000 euros al año. El empleo tampoco es una garantía de escapar de la pobreza. Unos 240.000 asalariados, según el estudio, cobran menos de 650 euros al mes. Guiteras ha pedido al consejero de Empresa y Ocupación Felip Puig que no retrase más la reforma de la ayuda: "Pedimos la máxima celeridad para afrontar su reforma".
El informe ha sido elaborado por el politólogo Ernest Gutierrez y, entre sus conclusiones, señala que el cambio en el paradigma laboral, que ocasiona “trayectorias laborales discontinuas" (contratos concatenados, en precario y con tiempo de paro entre trabajos) hacen necesario implementar nuevos sistemas de prestaciones y “complementar los salarios que están por debajo del umbral de la pobreza, unos 9.000 euros al año”.
En la presentación han participado Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS); Eduard Sala, director de la obra social Santa Lluïsa de Marillac, y Pilar Aguilar, de la Fundación IRES. Crespo ha hecho un llamamiento a las empresas para que se impliquen más en la inserción de personas sin empleo y ha asegurado que es necesario que la actividad, ligada a la prestación, no debe verse solo con un elemento laboral sino como también de impacto social.
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