caso de los ere

Alaya embarga a Magdalena Álvarez seis inmuebles y cinco cuentas bancarias

El juzgado de los ERE bloquea sus bienes para cubrir la fianza de 29,5 millones de euros

La exconsejera Magdalena Álvarez, en los juzgados sevillanos.
La exconsejera Magdalena Álvarez, en los juzgados sevillanos.JULIÁN ROJAS

Seis días ha tardado el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en decretar el embargo de bienes contra Magdalena Álvarez, exministra, exconsejera andaluza y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La Audiencia Provincial resolvió el 6 de mayo que la imputación de Álvarez en el caso de los ERE decretada por la juez Mercedes Alaya era pertinente. Y la magistrada decidió este lunes ordenar el embargo contra la exministra para cubrir la fianza civil de 29,5 millones de euros que le había impuesto en marzo de este año.

Alaya embarga seis inmuebles. En cinco de los casos la exministra es propietaria del 50%. En total, se trata de cuatro viviendas (en Málaga, Benalmádena, Madrid y Sevilla), un local comercial en la capital de España y un sótano en Estepona. Además, a la vicepresidenta del BEI se le bloquean cinco cuentas bancarias, abiertas en el Banco Sabadell, La Caixa, Caja Laboral y en una entidad de Luxemburgo. La magistrada sevillana entiende que hay indicios de delitos de malversación y prevaricación en su actuación como consejera de Hacienda, entre 1994 y 2004.

Por otro lado, la juez ha ordenado investigar dos presuntas facturas falsas de las que se habría beneficiado el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas. En un auto fechado el 9 de mayo, la juez ordena a la entidad Unicaja que le aporte la información sobre la persona que cobró un cheque de 57.000 euros emitido en 2008 por Mercasevilla. Según explica la magistrada en su escrito, las indagaciones de la Guardia Civil apuntan a que Lanzas habría creado un entramado para blanquear las comisiones a través de una gestoría, que habría empleado “la documentación y los datos fiscales de sus propios clientes, sin el conocimiento de estos”, para la “elaboración de facturación ficticia”. En esa hipótesis enmarca la juez la petición de información sobre el cheque emitido por Mercasevilla. Además, cita otro más, por valor de 40.000 euros, también firmado por el mercado sevillano.

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