El juez aboca al banquillo a un exobispo por una trama corrupta

En una de sus últimas decisiones en la causa, el juez Luis Aláez ha rechazado en un auto del 28 de abril anular las escuchas telefónicas a los imputados en la Operación Retablo, que investiga a una presunta red corrupta para restaurar conventos e iglesias y construir albergues para peregrinos con ayudas de la Xunta entre 2003 y 2009. La instrucción se aproxima así a su fin y a que finalmente se sienten en el banquillo ante el jurado varios exfuncionarios y religiosos, entre ellos el anterior obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, que permanece imputado.

Quien había solicitado la nulidad de las escuchas era el procurador que representa a la pata religiosa de la trama, compuesta, además de por el exobispo tudense, por su ecónomo en la diócesis, Benito Estévez, y el cura de la parroquia de Paraños (Covelo), Juan Sobrino. Del mismo modo que mantiene la validez de las intervenciones telefónicas, el juez, a punto de dejar su plaza en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, declina la petición para sobreseer la causa respecto a los tres curas.

El auto del juez es la respuesta a los recursos de las partes a uno previo del 23 de diciembre en el que ordenaba la conversión del procedimiento abreviado para el juicio ante el Jurado. No recurrió la decisión uno de los principales imputados, Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, exfuncionario de la Consellería de Cultura, que según la investigación se aprovechaba de su poder para decidir a quién se concedían las subvenciones para reparar patrimonio eclesiástico y sacar tajada. Sí ha tratado de demorar el cierre de la instrucción el otro presunto cabecilla, José Manuel Pichel, quien fuera arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, cazado en distendida y ya célebre conversación telefónica con un aparejador ante el que se ufanaba: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”.

Pichel pedía dejar en suspenso el auto de diciembre y practicar nuevas diligencias pero el juez lo rechaza con argumentos similares a los que usa con las peticiones de los religiosos: no toca en este momento del proceso. Aláez también manda buscar a otro de los imputados, Manuel López Carballa, empresario beneficiado por la trama que acabó arruinado y que confesó ante la policía, “aburrido de los chanchullos”. El juzgado pide que se le localice en un domicilio de Vigo y, de no encontrarlo, que se le ponga en busca y captura para que comparezca ante el juzgado, porque si no se le declarará en rebeldía transcurridos tres meses. Carballa dio pistas elocuentes a los investigadores sobre la estructura de la trama. “Todo el mundo sale beneficiado: el Obispado hace su obrita subvencionada, Pichel se lleva su parte por los proyectos y Carlos [Gómez-Gil Aizpurúa] hace de intermediario en todo”, dijo respecto a una obra para restaurar patrimonio del Obispado para la que fue contratado.

El auto del juez deniega también, por motivos análogos, la petición de la Asociación Vecinal de Paraños, que solicitaba el embargo preventivo de la casa rectoral de la parroquia, cuya extraña venta precipitó el inicio de la investigación. Tras contribuir con sus ayudas a mantener la sede, el obispado la vendió por 60.000 euros a Gómez-Gil de Aizpurúa, que no tardó en ponerla en el mercado por 680.000 euros después de haber mejorado la finca, de 4.500 metros cuadrados, con una piscina y un porche. En el momento de hacer el anuncio, a través de un portal de Internet, el extécnico de Cultura aún no había ingresado un euro al Obispado. Tras estallar el caso, acabó renunciando a la propiedad en 2012. La asociación buscaba también que se imputase a los párrocos de Lérez (Pontevedra), Crisanto Rial y San Miguel de Riofrío, en Mondariz, David Juan Morado, que figuran igualmente en las escuchas telefónicas. Ante el rechazo judicial, la asociación ha remitido un nuevo recurso de reforma en el que aduce el “grado de conocimiento y relación con los hechos delictivos investigados”.