El gobierno municipal de Santiago será juzgado por prevaricación

El gobierno municipal de Santiago quemó este miércoles el último cartucho en su intento de evitar el juicio por prevaricación contra siete de sus miembros, todos del Partido Popular. La Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso de apelación presentado por los siete concejales contra la decisión de una juez de la capital gallega que ordenó sentarlos en el banquillo, acusados de tomar a sabiendas una resolución ilegal cuando acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de otro edil del PP imputado en el caso Pokémon. Los miembros del ejecutivo local, entre los que no figura el alcalde, Ángel Currás, ausente de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se tomó el acuerdo, el 30 de mayo de 2013, se enfrentan ahora a una solicitud del ministerio fiscal de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

 El juicio se celebrará el próximo día 19 después de que la Audiencia haya avalado la mayoría de los argumentos esgrimidos en su día por la juez del caso, Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago. Tres magistrados de la Audiencia hicieron público este miércoles un auto en el que ratifican que los ediles deben sentarse en el banquillo al considerar que “existe la probabilidad, fundada en indicios racionales” de que tomasen un acuerdo “injusto” cuando decidieron que las arcas municipales asumiesen de forma “incondicionada” los gastos de defensa de su compañero Adrián Varela. El PP ya había anticipado en las últimas semanas que no actuará contra los concejales, más allá de abrirles un expediente disciplinario. Tanto el líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, como el resto de la cúpula del partido han venido alegando que las acusaciones contra el gobierno compostelano no constituyen ningún caso de corrupción, por lo que esperarán a la sentencia que se emita tras la celebración del juicio. Los dos grupos de la oposición municipal, PSdeG y BNG, así como la agrupación local de AGE se apresuraron a exigir de nuevo la dimisión inmediata de todos los procesados.

Hace ahora casi un año, la Junta de Gobierno aceptó la petición de Adrián Varela, edil de Deportes, de sufragar las minutas de su abogado, Javier Míguez Poza, defensor del concejal tras su imputación en el caso Pokémon, que investiga una red de presunta corrupción en varios ayuntamientos gallegos. La decisión se ocultó en la referencia pública que hizo el Ayuntamiento de los acuerdos tomados ese 30 de mayo de 2013 por la Junta de Gobierno. Pero, semanas más tarde, después de que este periódico y La Voz de Galicia publicasen lo acordado por el ejecutivo local, una ciudadana denunció los hechos a la fiscalía. Varela renunció entonces a que el Ayuntamiento sufragase su defensa legal, pero no logró detener el procedimiento abierto en el juzgado a instancias del ministerio público, que apreció indicios de prevaricación.

Tanto los concejales como la dirección del PP se han defendido alegando que tomaron el acuerdo tras conocer un informe del secretario municipal. Ese documento recordaba que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, la institución pública podría abonar los gastos de defensa del concejal siempre que los hechos de los que se le acusa fuesen cometidos estrictamente en el ejercicio de sus funciones y además resultase absuelto en el proceso judicial. La Audiencia, como anteriormente ya habían argumentado tanto la juez como el fiscal, señala que, si bien la decisión de la Junta de Gobierno alude a ese informe del secretario, en el texto del acuerdo no se incluyen las condiciones legales que el asesor jurídico establecía para que el Ayuntamiento pudiese pagar el abogado a Varela. De ahí que la Audiencia entienda que existe la “probabilidad” de que los gastos de defensa del edil se asumiesen de forma “incondicionada”, lo que constituiría una flagrante ilegalidad.