Instituciones

El papel de las instituciones en la economía es mucho más relevante de lo que se piensa. Creer que los mercados son entes autónomos que se mueven en medio de un inmenso vacío social e institucional, y que siempre tienden a la eficiencia, de no mediar intromisiones por parte de las instancias políticas, es como creer que el bajo nivel de empleo de la economía española se debe a la excesiva rigidez del mercado de trabajo, y no a la mediocridad de un tejido productivo generador de productos y servicios de escaso valor añadido, compuesto por empresas de muy pequeño tamaño e incapacitado para adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por la competencia global.

En realidad, en ausencia de instituciones que garanticen que los mercados funcionen de manera efectiva, estos, sencillamente, no existirían. Sin marcos legales regulatorios que obliguen a las empresas a ajustarse a las elementales normas de la competencia, a repeler la corrupción, asumir los efectos medioambientales negativos de sus acciones, o a eliminar las asimetrías en la información entre los agentes que intervienen en ellos, los mercados serían una simple entelequia que nadie reconocería como tales, excepto claro está, aquellos que obtienen sustanciosas rentas, fruto, precisamente, de la inoperancia de tales reglas. A río revuelto, ganancia de pescadores. Ya lo advirtió Adam Smith, hace más de dos siglos, y sigue siendo tan cierto como entonces.

Dicho lo cual, no se trata solo de crear instituciones, sino de que éstas sean suficientemente eficaces y confiables. De modo que, cuando, como ocurre en España, y, particularmente, en la Comunidad Valenciana, las instituciones responsables de conformar y controlar los órganos reguladores, se comportan de manera totalmente irresponsable, todo se viene abajo como un castillo de naipes. El sorprendente papel jugado por el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas en el descontrol del riesgo crediticio de las cajas de ahorro, la lentitud y laxitud mostrada por Sindicatura y Tribunal de Cuentas en la supervisión de los contratos públicos, la más que dudosa eficacia de la Comisión Nacional de la Energía, el Tribunal de Defensa de la Competencia, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la regulación efectiva de los asuntos que le son propios, no hace sino poner de manifiesto que vivimos en un país en el que a muchas empresas les resulta más rentable dedicar sus esfuerzos a cortejar a la instancia política para lograr contratos, o predisponer los órganos reguladores a su favor, que a competir en un mercado abierto con las armas propias de la empresa; a saber: calidad, productividad e innovación.

Únase a todo ello, la creciente inseguridad jurídica o la exasperante lentitud de la justicia en los asuntos de carácter civil o mercantil, y añádase el empeño que muestran todas las administraciones públicas en obstaculizar la creación de nuevas empresas mediante todo tipo de artimañas burocráticas, y tendremos el cuadro casi completo de la penosa situación en que se halla nuestro modelo productivo desde el inicio de la crisis, y mucho más allá.

En resumen: una economía fuerte necesita de marcos institucionales fuertes, eficaces y fiables. Todo lo demás es muy importante, pero ocupa el segundo lugar en el ranking de nuestras prioridades inmediatas. Lo siento, pero así están las cosas.