La fiscalía denuncia la adjudicación arbitraria de pisos sociales en Cádiz

La fiscalía cree que la adjudicación de viviendas sociales en la promoción del Matadero en Cádiz se realizó con criterios arbitrarios. Es la principal conclusión que recoge la denuncia del ministerio público ante los juzgados. El fiscal ve delito de una posible prevaricación en la actuación de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, dos concejales del PP en el equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano. El relato de hechos reúne el testimonio de varios técnicos a los que las ediles presentaron nombres cerrados para que las incluyesen en el listado de familias necesitadas que debían ser beneficiarias. Solo un escaso margen de estas viviendas se repartió con criterios ajustados a la norma. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que había alertado de las irregularidades, ha exigido que se depuren responsabilidades políticas y, en su caso, penales.

En septiembre del pasado año saltaba a la luz pública la dimisión de la coordinadora municipal del área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío. Fue el primer aviso de que algo estaba sucediendo. El sindicato Autonomía Obrera atribuyó en seguida su marcha a “presiones políticas” para que cambiara el criterio en la asignación de pisos en esta promoción promovida por el Consistorio y la Junta de Andalucía. Según reveló este sindicato, ella y otros técnicos de esa área, la mayoría trabajadoras sociales, se habían negado a cambiar los criterios que se suelen aplicar para baremar la necesidad de las familias. Tubío recibió el apoyo de la plantilla del área de Asuntos Sociales, que rubricó en un documento que se hizo público pocos días después. A las pocas semanas, cuatro directoras de centros sociales dimitieron.

Esta alerta llevó a la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía a desvelar, tras meses de muchas dudas, que también creían que la adjudicación de las viviendas sociales no estaba realizándose con la debida transparencia. Su portavoz en Cádiz, Rafael Lara, denunció que el Ayuntamiento se había saltado el listado del registro de demandantes de viviendas de protección oficial en alquiler. Recordaba que la normativa permite plantear excepciones o saltos en esta lista por casos de exclusión social, algo similar a lo que ha ocurrido con la corrala La Utopía en Sevilla. Pero en Cádiz esas excepciones eran, en realidad, el 85% de los nombres.

El PSOE y la Junta de Personal denunciaron el caso ante la fiscalía y solicitaron una comisión de investigación que fue denegada. El Ayuntamiento y la Consejería de Vivienda, bajo el mandato de IU, entregaron las 102 llaves. La Junta argumentó que no era su responsabilidad determinar los criterios de adjudicación, que eso era una competencia municipal.

Pero la denuncia socialista no cayó en saco roto. Durante estos meses el ministerio público ha recabado testimonios de los trabajadores del área y también de las responsables políticas, Mercedes Colombo, coordinadora del área de Familia, y Carmen Sánchez, concejal de Bienestar Social y política social de Vivienda. Las conclusiones de esa investigación acaban de llegar al juzgado.

El fiscal cree demostrado que el Ayuntamiento actuó de forma arbitraria en el reparto de las viviendas y que cambió los criterios objetivos de los técnicos por mandato político. Recaba los testimonios de varios técnicos que aseguran que Colombo y Sánchez les entregaban nombres de familias que debían ser adjudicatarias. Eran la mayoría. Solo un pequeño porcentaje quedaba a criterio de los técnicos, que establecían la adjudicación de las casas en función de la norma vigente. El fiscal incluye en su denuncia la petición de que Colombo y Sánchez declaren. Será el juez encargado del caso el que decida si las llama como imputadas.

La adjudicación de viviendas fue un acto público en junta de gobierno por la mayoría del equipo de gobierno popular, de ahí que puedan ser llamados más concejales. El Ayuntamiento evitó ayer dar una respuesta a esta denuncia hasta conocerla oficialmente. Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que sus sospechas han quedado demostradas.

“El proceso de adjudicación fue lamentable y penoso”, aseguró Rafael Lara. Pro Derechos Humanos de Andalucía llevó su denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta y la empresa municipal de vivienda Procasa. “No actuaron a pesar de las graves irregularidades que detectamos en el reparto de esas casas”, confirmó. “Creo que ha llegado el momento, gracias a la acción de la fiscalía, de que se investigue hasta el fondo si ha habido responsabilidades políticas y penales en esta actuación”.

La fiscalía actuó tras la denuncia del PSOE y también de la Junta de Personal que avaló las alertas por posibles irregularidades. Muchos de los que firmaron la carta en apoyo a Pilar Tubío tuvieron que declarar ante el fiscal para ratificar o no las posibles razones que le llevaron a dimitir de su puesto de coordinadora de asuntos sociales. El PP atribuyó su dimisión y la de sus compañeras a razones laborales para consolidar el puesto de coordinadora. Tubío, que se negó a atender las peticiones del Ayuntamiento de cambiar los baremos utilizados para seleccionar las familias, llegó a explicar que el Consistorio, aprovechando sus vacaciones, contactó con varias trabajadoras sociales para que modificaran el listado de adjudicatarios. Estas explicaciones fueron las que llevaron a la Junta de Personal a llevar el caso ante la fiscalía y a pedir la dimisión de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez. De momento, la fiscalía les ha dado la razón presentando su denuncia ante el juzgado. El equipo de gobierno se resistía ayer a pronunciarse sobre el futuro de ambas ediles.