Ritmos de rebelión en Las Rozas

La plaza de Las Rozas acogió recientemente un inusual y multitudinario concierto. Los alumnos de la Escuela de Música y Danza del municipio salieron con sus instrumentos a la calle para protestar contra la privatización del centro donde llevan años cursando sus estudios. En la movilización se concentraron unas 1.500 personas que no entienden la razón por la que el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde hace dos décadas, quiere entregar ahora la gestión de la escuela a una empresa privada.

El rechazo social a la iniciativa se ha plasmado también en las 6.300 firmas que ha recogido la Plataforma en Defensa de la Escuela en tan solo una semana. El centro abrió sus puertas hace más de 30 años y en la actualidad acoge a 2.000 alumnos.

Los grupos de la oposición, PSOE e IU-LV, presentaron una moción en el pleno celebrado el jueves pasado en un intento de paralizar el proceso, pero no sirvió de nada; la mayoría absoluta del PP paralizó el intento.

Los populares, por su parte, rechazan que se pretenda “privatizar la gestión”. “El servicio ha sido, es y seguirá siendo público”, aseguró en el pleno Mercedes Piera, responsable de Educación y Cultura. Con la misma contundencia, la edil subrayó que el Ayuntamiento mantendrá la titularidad y gestión del proyecto pedagógico y fijará sus horarios, clases y precios, que serán los mismos que este año.

“Nos garantizan un curso y ¿después qué?”, se pregunta, Juan Carlos Pérez, portavoz de la Plataforma y alumno de la escuela. “Hay que tener en cuenta la importancia social que tiene el centro, donde aprenden desde chavales a jubilados”, continúa. A modo de ejemplo, explica que él tiene 51 años y que acerca en su coche a una persona de 79 años que estudia piano. Desde los grupos de la oposición advierten que la empresa ganadora podrá realizar cambios en cuestiones como el número de alumnos por aula o los precios públicos.

Piera aclaró que el concurso público se ha convocado para facilitar la incorporación de los 27 profesores del centro, que ahora son autónomos, a una plantilla laboral con el fin de garantizar su estabilidad y “con las mismas condiciones económicas que tienen actualmente”. Los socialistas rechazan este argumento y califican la situación de los trabajadores, que llevan una media de 16 años contratados por el Ayuntamiento en esas condiciones, de “fraude de ley”.

La edil de Cultura mantuvo una tensa reunión con miembros de la Plataforma el pasado 29 en la que les ofreció variar los términos de la licitación que consideraran perjudiciales para el futuro funcionamiento de la escuela. “Cuando ya se estaban abriendo los sobres con las ofertas y no servía para nada”, critica Pérez. Los afectados continuarán con las movilizaciones, porque no quieren perder ni a sus profesores, ni el sistema de enseñanza seguido hasta ahora.