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OPINIÓN

Separatismo social

La configuración social del territorio —pobres a un lado, ricos al otro— es anterior a la crisis, que la ha agravado

O, quizá mejor, segregación urbana. Es la que se observa cuando ciudadanos con rentas bajas y ciudadanos con rentas altas se concentran por separado en distintos municipios de una zona o en barrios distintos de un mismo municipio. El fenómeno no es nuevo. Responde a las exigencias de una economía de mercado: quienes dispongan de pocos recursos solo podrán acceder a viviendas de bajo precio. Y este menor precio responderá a las condiciones de la zona donde se ubica: peor calidad urbanística y ambiental, peor transporte, menor dotación en servicios colectivos, etc.

 La dinámica de una economía de mercado tenderá a la degradación de dichas condiciones, a la devaluación de las viviendas de la zona y, por tanto, al arrastre forzoso hacia dichas áreas de quienes no pueden permitirse otras opciones de mayor coste. Sin intervenciones ajenas a las leyes del mercado que contrarresten esta dinámica, el resultado final está garantizado: la acumulación de la pobreza en determinadas áreas territoriales y, como contrapunto, la consolidación de las rentas más altas en otras. La desigualdad entre personas queda fijada en el territorio como separatismo o segregación social.

Lo que sí ha conseguido la crisis ha sido intensificar la diferencia, abriendo una brecha más amplia entre zonas

Lo que se ha observado en otros países ha sido ahora objeto de análisis en Cataluña. Un interesante estudio estudio realizado por geógrafos, politólogos, economistas y sociólogos de la UAB y financiado por la Obra Social de La Caixa (http://barrisicrisi.wordpress.com/) ha ratificado con amplio soporte empírico lo que no se escapa a un observador atento a la realidad social. Como toda sociedad altamente urbanizada, Cataluña presenta elevados índices de segregación territorial cuando se miden indicadores socioeconómicos relacionados con la renta. Dicha segregación aparece además, no como fenómeno instalado únicamente en áreas metropolitanas, sino en amplias zonas del territorio. Finalmente y de modo llamativo, se constata que dicha concentración se acelera más en las zonas de renta alta que en las de renta baja, constituyendo núcleos más homogéneos y aislados en la cúspide de la pirámide económica que en su mucho más extensa base.

¿Hay que achacar a la crisis esta configuración social del territorio? La faceta inmobiliaria de la crisis parece probarlo. Pero los datos examinados por el estudio mencionado van desde 2001 a 2012. Anteceden, por tanto, a la crisis y permiten constatar que el fenómeno no nace con ella o como uno de sus efectos. Estamos ante un fenómeno estructural y, por tanto, previo al desastre que arranca en 2007-08. Es algo sustantivo en situaciones en las que suelo y vivienda son mercancías. Lo que sí ha conseguido la crisis ha sido intensificar la diferencia, abriendo una brecha más amplia entre zonas según revelan los indicadores seleccionados. Está claro, pues, que el crecimiento de las desigualdades patrimoniales y de rentas que nuestras sociedades acusan desde el estallido de la crisis se ha proyectado y reforzado sobre el territorio.

Los datos del estudio obligan a plantearse algunas cuestiones de contenido político. ¿Qué consecuencias acarrea la existencia de zonas extensas donde se acumula la población con baja capacidad económica? Se trata de población con posibilidades reducidas de superar una situación que pasa de ser un desgraciado episodio pasajero a convertirse en estado permanente de marginación. Lo que nos dicen experiencias de otros países es que la condensación espacial de estas condiciones negativas suele disminuir la iniciativa social, incrementa la desafección política y alimenta brotes esporádicos de revuelta sin objetivo coherente. Una perspectiva nada estimulante cuando es necesario un mayor compromiso ciudadano para resolver tantos problemas individuales que son en realidad problemas colectivos.

Se trata de población con posibilidades reducidas de superar una situación que pasa de ser un desgraciado episodio pasajero a convertirse en estado permanente de marginación

¿Caben intervenciones públicas para corregir el rumbo? No son ciertamente las que llevaron desregular la política urbanística o a estimular la desaprensiva actividad financiera que generó la gran burbuja inmobiliaria. Tampoco lo son las que —con el pretexto de las “reformas” para el “adelgazamiento del sector público”— han ido disminuyendo la dotación en equipamientos y políticas sociales, educativas o sanitarias. Al igual que en otras cuestiones, el denostado Gobierno del presidente Maragall tomó la iniciativa en este asunto y consiguió la aprobación de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles, a la que se dedicaron más de seiscientos millones de euros. Apuntaba a frenar esta deriva hacia la segregación territorial, compensando con presencia pública lo que la especulación mercantil tendía a degradar. Por desgracia, cuesta percibir señales de que nuestros gobiernos actuales —en la UE, en España o en Cataluña— tengan entre sus prioridades combatir este creciente apartheid social y sus negativos resultados. Si no lo hacen, el precio futuro de esta omisión tendrá efectos funestos para la cohesión y el orden democrático de nuestras sociedades.

Josep M. Vallès es profesor emérito de Ciencia Política (UAB)