Baltar aprueba un código ético que no castiga la corrupción política

Ya es firme. Un político o empleado de la Diputación de Ourense será castigado si acepta una caja de puros o una lata de anchoas, pero no si defrauda a Hacienda o un juez lo imputa por casos de corrupción. En territorio Baltar, la ética se estirará y pasará de puntillas por problemas como los que envuelven a tres diputados del PP imputados. Tampoco molestará a empleados públicos como el jefe de Medio Ambiente, cuya actuación en el supuesto fraude millonario de las depuradoras urdido en los años dorados de Baltar padre, está ahora bajo el foco de la justicia. El pleno de la institución aprobó  un código ético con los votos del PP y entre críticas de la oposición. Y como la norma ordena “tolerancia cero” con los regalos, el Bloque ha reclamado al presidente ourensano que devuelva más pronto que tarde la Diputación que, afirman, le regaló su padre.

Manuel Baltar, que presumió de ser el autor de la norma, apela a la “buena fe” como medicina preventiva ante nuevos casos de corrupción y a la “presunción de inocencia” con políticos y empleados investigados por jueces. La norma de buena conducta solo afectará a casos relacionados con el desarrollo de la función pública, así que un diputado condenado, por ejemplo, por defraudar al fisco, podrá seguir cobrando puntualmente 280 euros públicos al mes por levantar la mano en el pleno. Baltar, que en la presentación del documento destacó que vigilará la “gestión responsable de los fondos públicos”, también pasa de puntillas por los 7,5 millones de euros que Hacienda le reclama tras detectar la Unión Europea (UE) indicios de “utilización de forma fraudulenta de fondos europeos” en el caso de las depuradoras.

Para el BNG, el código carece de credibilidad porque es un ejemplo de “haced lo que yo digo pero no lo que yo hago”. El diputado Leopoldo Rodríguez pidió a Baltar “que devuelva los regalos le hizo papá”, citando el control del PP ourensano o la presidencia de la Diputación. “Usted quiere olvidarse de eso, pero el cabrón del pasado no se lo permite”, espetó el portavoz nacionalista. Para los socialistas, el presidente tiene problemas mentales ya que definen su código como síntoma de “un trastorno psicológico denominado mitomanía en el que las personas se creen superiores a las demás”. El portavoz del PSdeG, Ignacio Gómez, afirma que es “un simple lavado de cara de una institución que representa la antítesis de la ética de los cargos públicos”. Por su parte, el portavoz de los conservadores, Plácido Álvarez, defendió su urgente necesidad para combatir la “desafección ciudadana con la política”. El presidente intervino en la sesión plenaria para defender el texto, recordando que con su fugaz aprobación –es el primero de su género en una institución provincial– cumple una recomendación de la UE que insta a aprobar medidas anticorrupción.

El documento definitivo ha sido debatido y parido únicamente por Baltar y el portavoz del grupo popular, ya que la oposición abandonó la comisión creada para su redacción al no ser aceptadas sus condiciones. A pesar de los cambios introducidos respecto a la primera versión, el código se aparta por completo de cuestiones espinosas en el devenir diario del pazo provincial, como la continuidad de políticos imputados o condenados, el uso de vehículos públicos en asuntos privados o las contrataciones a dedo.

El texto prohíbe aceptar servicios o regalos de cualquier valor e impide trabajar en empresas con las que se hubiera contratado, ante el riesgo de un posible trato de favor. El veto a la puerta giratoria inicialmente era de un año, pero en la versión definitiva se eleva hasta los tres. También incluye un destape fiscal de los políticos ya que obliga a presentar las declaraciones del IRPF y patrimonio de los cargos electos. Incluso hay espacio para cuestiones más estéticas, como la eliminación de placas inaugurales con nombres de personas o la prohibición de realizar “declaraciones partidistas” en espacios institucionales. En cambio, el código sí apuesta por aumentar la transparencia en la gestión y obligará a retransmitir por internet, además de los plenos, Juntas de Gobierno o aperturas de plicas de procesos de contratación.