Junta, sindicatos y patronal negocian de manera reservada la concertación

El Gobierno andaluz, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) están manteniendo de manera reservada contactos para negociar un nuevo acuerdo de concertación social, que se pretende pueda estar cerrado en torno al mes de julio. Por ahora, se trata de encuentros muy incipientes, donde no hay a la vista ninguna oferta del Gobierno ni tampoco los agentes sociales han planteado sus propias propuestas.

El primer encuentro se celebró, a iniciativa del Gobierno, el pasado 19 de abril, Miércoles Santo, en el palacio de San Telmo. Por parte del Ejecutivo asistieron los consejeros de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado; y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. UGT estuvo representada por su secretaria general, Carmen Catilla; CC OO por Francisco Carbonero; y la patronal por Javier González de Lara. Todos ellos debutan en una negociación de este tipo, salvo el líder de Comisiones.

El Gobierno fue a la cita “desconcertado” por la investigación de la UDEF

Las versiones de esta cita varían. Para el Gobierno autónomo fue una cita “preliminar”, una especie de primera reflexión acerca del nuevo acuerdo que la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, aboga por “abrir en canal”. Según los agentes sociales, la reunión del Miércoles Santo fue un tanto “surrealista”. En teoría acudieron para intercambiar impresiones, “ver el terreno de juego” y evaluar el anterior acuerdo, que caducó en diciembre sin que su principal objetivo, reducir el paro, se haya alcanzado ni siquiera mínimamente. El desempleo afecta ahora al 36,3% de la población activa, diez puntos más que cuando se firmó en 2009 el último pacto de concertación.

Según las fuentes consultadas, los tres consejeros del Gobierno de coalición, todos del PSOE, acudieron al encuentro en “estado de shock” a raíz de la investigación abierta, conocida ese día, por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la fiscalía sobre cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. “La reunión apenas duró entre 15 y 20 minutos, no se habló de nada, porque estaban muy preocupados y desconcertados con lo de los cursos de formación”, aseguraron las citadas fuentes.

En ese momento, la información suministrada por la UDEF (“un bulo”, en opinión del consejero de Justicia) sostenía que el fraude podía alcanzar los 2.000 millones de euros, que es el presupuesto total que manejó la Junta en siete años para esos programas. El Gobierno no ha querido facilitar el dato de la cantidad que está bajo sospecha, a la espera de que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, la dé en una comparecencia parlamentaria mañana martes.

La Junta está analizando “uno a uno”, como dijo Alonso el pasado día 16, todos los expedientes de convocatorias de cursos de formación que se encuentran en proceso de justificación. Y solo en los servicios centrales se ha requerido 480 peticiones de documentación y se han abierto 56 expedientes de reintegro total o parcial. La investigación de la Fiscalía de Málaga afecta a 17 expedientes y la cantidad que se reclama asciende a 1,5 millones de euros.

Tres consejeros fueron al primer encuentro con UGT, CC OO y CEA

Los cursos de formación no forman parte de los acuerdos de concertación entre la Junta y los agentes sociales. Pero las dudas acerca de la gestión de esos fondos sí interfiere en las relaciones institucionales. En el caso de UGT, además de la investigación secreta abierta por la juez Mercedes Alaya sobre los cursos de formación que dio el sindicato, la Junta de Andalucía tiene abiertos 19 expedientes por programas en materia de empleo (acción sindical, negociación colectiva, riesgos laborales, desarrollo de actividades divulgativas, entre otros) por más de 7,5 millones de euros.

En paralelo a la concertación, el Gobierno andaluz dice estar diseñando un cambio en la estrategia de formación profesional orientada a un nuevo modelo productivo. “Ahora mismo no tienen utilidad si no se planifica bien el itinerario profesional”, aseguran fuentes de los sindicatos sobre los cursos a desempleados.

Por ahora, no ha trascendido un nuevo encuentro del Gobierno con los agentes sociales, ni tampoco está claro si se va a abrir la concertación a la economía social, a lo que se resiste la CEA. Pero el acuerdo apremia porque Andalucía debe concretar la estrategia para la Competitividad 2014-2020 con las prioridades de inversión de los fondos europeos de cohesión.