La privatización en los centros educativos salta por los aires

Están en la parte más débil del sistema educativo andaluz. Tienen las peores condiciones laborales, con sueldos que rondan los cuatro euros a la hora. No son funcionarios ni interinos ni personal laboral. Los llamados monitores educativos dependen de empresas privadas a las que la Administración subcontrata algunos servicios. Pero trabajan a las órdenes del director de cada centro educativo en labores estructurales como la gestión administrativa, el apoyo de los alumnos con necesidades especiales o como intérpretes de lenguaje de signos.

Este colectivo estaba formado por algo menos de 2.000 personas hasta el año pasado, según los cálculos del sindicato CC OO. El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), a través del que la Junta realiza las subcontrataciones, gastó el curso pasado 14,8 millones de euros en estos monitores.

Pero este sistema de privatización de servicios educativos ideado por la Consejería de Educación a mediados de la década pasada ha saltado por los aires. La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo, y la justicia consideran que tras este modelo de subcontratación se esconde una cesión ilegal de mano de obra. Los últimos pronunciamientos se refieren al colectivo de monitores de apoyo administrativo de los colegios andaluces.

840 monitores se encargaban de reducir la carga burocrática de los colegios hasta finales del curso pasado. La Administración comenzó a subcontratar estos servicios en 2006, pero no fue hasta 2012 cuando surgieron los problemas. Varios de estos trabajadores de las provincias de Córdoba y Cádiz decidieron denunciar su situación y los impagos que sufrían ante la Inspección de Trabajo. Este servicio concluyó en 2013 que se estaba incurriendo en la cesión fraudulenta de empleados. Es decir, que las empresas beneficiarias de los concursos abiertos para hacerse cargo de los servicios administrativos se limitaban a asumir solo las nóminas de los monitores, algo fraudulento.

La Consejería de Educación decidió entonces cambiar el modelo de contratación y suprimir las intermediarias. La Administración argumentó que no quería renovar los contratos con “empresas que explotan a los trabajadores”. La Junta decidió contratar a los empleados de apoyo administrativo este curso con una oferta de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo. A los seleccionados se les contrató como personal laboral. Pero ninguno de los 840 monitores que hasta el año pasado prestaban este servicio a través de las subcontratas ha conseguido una plaza, ya que se exigían unas titulaciones que casi ninguno tenía.

Los monitores han protestado en las calles y han llevado su lucha a los tribunales. Y dos juzgados de Córdoba han confirmado la semana pasada que existe esa cesión ilegal y que 16 antiguos monitores fueron despedidos de forma improcedente, por lo que deben ser readmitidos o indemnizados. “Lo que nos hubiese gustado es que se declarara el despido nulo”, apunta Virginia Vázquez, una de las portavoces de la plataforma de monitores administrativos. Porque entonces no habría dudas sobre qué pasos daría la Administración. Los afectados confían en que la consejería, tras las sentencias, termine contratándolos de nuevo. Pero aún no está tomada la decisión. Se espera para esta semana.

Los sindicatos creen que el problema con las cesiones ilegales de mano de obra no terminará aquí. José Blanco, responsable del área de enseñanza en Andalucía de CC OO, apunta también al colectivo de monitores de educación especial y al de lenguaje de signos, unos 1.100 trabajadores que también dependen de subcontratas. “La cesión ilegal es más clara en el caso de los trabajadores de apoyo. Están dentro del horario lectivo, en las aulas y conviven con otros trabajadores que realizan las mismas funciones pero contratados por la Administración”, sostiene Blanco. Rafael Fenoy, responsable de enseñanza de CGT, también opina que el caso de estos otros monitores “es muy parecido”. “Seguro que es una cesión ilegal”. Fenoy critica la actitud de la consejería: “Una cosa es que puntualmente se recurra a una ETT [Empresa de Trabajo Temporal] y otra que se haga sistemáticamente para labores estructurales”.

Pero la Consejería de Educación rechaza la interpretación que hacen los sindicatos. “Los contratos son con empresas especializadas, sus funciones están determinadas con precisión y sin confusión posible alguna y las empresas contratistas gozan de la organización precisa para la labor encomendada”, apuntan fuentes del departamento de Luciano Alonso.

La situación de los monitores que trabajan como intérpretes de lenguaje de signos fue denunciada también ante la Inspección de Trabajo en 2012. Y este servicio concluyó que se trataba de una cesión ilegal de mano de obra. Pero el recorrido judicial ha sido diferente. Dos de estas trabajadoras denunciaron su caso ante la justicia en Granada. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entendió que no se trataba de una cesión fraudulenta de empleados, al contrario de lo que había establecido la Inspección de Trabajo.

La Consejería de Educación sostiene que los pronunciamientos judiciales refrendan su posición y la legalidad de las subcontrataciones de monitores de educación especial y de lenguaje de signos. Por eso, no hay intención de cambiar este polémico sistema.