IU propone crear un censo y un banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil

Izquierda Unida defenderá hoy en la Asamblea de Madrid una proposición de ley que propone la elaboración de un censo de personas desaparecidas en la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la creación de un banco de ADN para facilitar su identificación.

“Con esta ley, pretendemos cerrar heridas frente al discurso falso de que avanzar en la reparación a las víctimas es escarbar en el pasado. Lo que se pretende con esta normativa es precisamente lo contrario, que los familiares puedan identificar a sus desaparecidos y que los que sufrieron la represión del franquismo puedan ver resarcida esa situación injusta”, explica Mauricio Valiente, diputado regional y portavoz de Justicia de IU en la Cámara autonómica.

La ley, que previsiblemente no saldrá adelante por la mayoría absoluta del PP, también prevé retirar los símbolos que ensalcen la dictadura, un bando de la Guerra o cualquier aspecto antidemocrático de las vías públicas, como sucede en Brunete o Quijorna. En la capital persisten 165 símbolos y nombres de calles franquistas. La Ley de la Memoria Histórica, aprobada el 26 de diciembre de 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), obliga a Ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las Administraciones públicas para retirarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.

El Instituto de la Memoria Democrática de Madrid se encargaría de elaborar un censo de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista con los datos aportados por las familias de las víctimas, junto con los obtenidos en estudios científicos. El censo tendría un carácter público, y en él se incluirían los fallecidos fuera de España en campos de concentración “o en cualquier otra circunstancia vinculada al exilio y el desplazamiento forzado”.

El banco de ADN dependería del Instituto de Medicina Forense de la Comunidad de Madrid, y en él se conservarían muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones realizadas en la región, con su correspondiente secuencia genética. La legislación que impulsa IU estipula que los familiares de las víctimas de la Guerra Civil podrán solicitar que les tomen muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se almacenen en el banco genético. Las pruebas deberían realizarse en un plazo de tres meses tras su solicitud, “evitando el deterioro de las muestras y agilizando de este modo todo el proceso, especialmente en el caso de los ciudadanos de edad avanzada”.

En caso de descubrir los restos de una posible víctima, la Administración pertinente debería comunicárselo al Instituto de la Memoria Democrática en un plazo de 48 horas. El centro tendría entonces la potestad para ordenar la práctica de pruebas de ADN “con carácter inminente”, así como la custodia de todos los objetos encontrados.

Además, un comité técnico compuesto al menos por historiadores, arqueólogos, antropólogos forenses, juristas, psicólogos y expertos en biología molecular se encargaría de localizar, delimitar y conservar o exhumar las fosas comunes de la Guerra Civil. También se realizarían mapas con los territorios de la región donde se conozca o presuma la presencia de restos de víctimas tanto del conflicto como de la posterior dictadura fascista. La documentación cartográfica y geográfica de esas localizaciones estaría a disposición de las personas interesadas y del público en general.

“En este sentido, promulgamos que se consideren como Lugares de la Memoria Democrática de Madrid aquellos espacios geográficos o arquitectónicos en los que se hayan desarrollado hechos o actuaciones vinculados con la represión y violencia sobre la población en la Guerra o dictadura que la continuó en el tiempo”, observa Valiente. El parlamentario entiende que es necesaria la creación de unos itinerarios públicos para educar a las futuras generaciones en un marco científico “y evitar que repitan los errores y horrores del pasado”.