Cultura busca una solución para El Cabanyal compatible con la Unesco

Más allá de declaraciones políticas más o menos altisonantes, el Ministerio de Cultura, que preside José Ignacio Wert, busca una solución que proteja El Cabanyal de las excavadoras. El plan urbanístico aprobado hace 15 años por el Gobierno local del PP prevé la demolición de más de 1.600 casas del barrio para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta las playas de la capital.

“El objetivo es encontrar un cauce técnico que permita la consecución de la protección de El Cabanyal conforme a la Convención de la Unesco y la legislación nacional”, responde el Ministerio —por escrito— a preguntas de EL PAÍS. “Actualmente se está en conversaciones de carácter técnico entre las tres administraciones [implicadas]. Ministerio, Generalitat y Alcaldía”, prosigue el organismo que dictó a finales de 2009 —con el PSOE en el Gobierno— una orden que paralizó los derribos ordenados por el Ayuntamiento.

Lo que era un conflicto urbanístico local se convirtió en un problema político de ámbito estatal que acabó en los tribunales. El ministerio, entonces presidido por Ángeles González Sinde, dictó la orden que detuvo las excavadoras, la Generalitat sacó un decreto ley para desactivarla, que luego adquirió rango de ley, y a la que Moncloa respondió con un recurso al Tribunal Constitucional, convencido de que el expolio es competencia exclusiva del Estado.

Desde que el PP llegó a la Moncloa, la alcaldesa Rita Barberá no ha cesado de presionar para desactivar la orden de Cultura, pero el Gobierno, ahora de su mismo partido, concluyó que la orden está blindada por el Consejo de Estado y los dictámenes de instituciones culturales de renombre. Solo quedaba deshacer el embrollo judicial creado por la Generalitat de Camps y el Ayuntamiento de Barberá en torno al Cabanyal. Y esto se consiguió en el Consejo de Ministros de noviembre de 2013, cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que retiraba el recurso de inconstitucionalidad si la Generalitat derogaba la ley con la que intentó combatir la orden ministerial. Se cumplió el trato y esta norma es hoy el único instrumento legal que rige en el barrio, en contra del parecer de la regidora.

El ministerio desoye a la alcaldesa, aferrada a la ampliación de la avenida

Ante la denuncia de los vecinos de El Cabanyal, que acusan a Barberá y su gabinete de boicotear el acuerdo del Consejo de Ministros, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que ha ejercido muchas veces de policía bueno en el conflicto, les trasladó hace poco que el caso dependía de un informe técnico que estudia el ministerio. Una declaración que la propia Barberá desautorizó horas después, cuando repitió que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez —la intervención más agresiva del plan— es irrenunciable y exigió al ministerio de Wert que derogue la orden. “A ver si un Gobierno tiene obligatoriamente que gobernar con alguna norma anterior...”, apostilló. Poco que ver con la solución que Cultura intenta negociar con ella y Fabra.