La comisión de cajas pedirá al fiscal que investigue la gestión de las entidades

Trasladar al Ministerio Fiscal toda la documentación generada durante la comisión parlamentaria que investiga el derrumbe de las cajas catalanas y el perjuicio causado a los ciudadanos que compraron participaciones preferentes o han sido desahuciados para que investigue si puede haber responsabilidades penales por parte de sus gestores. Es uno de los puntos que comparten todos los grupos parlamentarios salvo el PP —CiU, ERC, PSC, ICV, Ciutadans y la CUP— en las conclusiones que ayer presentaron sobre la comisión que comenzó en julio del año pasado y que se prolongó hasta el pasado febrero.

Las conclusiones deberán ser consensuadas entre los grupos y aprobadas por la comisión el próximo 6 de mayo, y está previsto que sean debatidas en el pleno de los días 28 y 29 del mismo mes. Actualmente hay investigaciones judiciales abiertas sobre directivos de Caixa Tarragona (por conceder hipotecas sin garantías), Caixa Penedès (por asignarse pensiones millonarias), Caixa Laietana (por las preferentes) o la cúpula de Caixa Catalunya entre 2010 y 2013 por sus salarios en plena crisis de la entidad.

Durante diez meses, han comparecido ante los diputados las antiguas cúpulas de cajas desaparecidas como Penedès o Laietana, así como las antiguas y presentes de la antigua Caixa Catalunya, o el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el actual, José Antonio Goirigolzarri. También han comparecido representantes de los sindicatos en las entidades, de organizaciones de consumidores o de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), además del consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.

Los documentos de conclusiones de los grupos parlamentarios oscilan entre siete y casi 80 folios. Unos prácticamente repasan y valoran cada punto de las comparecencias, mientras que otros se limitan a proponer que el Parlament vote propuestas como la de trasladar la documentación al Ministerio Fiscal o endurecer el control sobre las entidades.

Los grupos comparten observaciones como la dudosa actuación y gestión de las antiguas cajas, critican sus elevadas retribuciones e indemnizaciones; cuestionan la comercialización masiva de participaciones preferentes a clientes sin conocimientos financieros y la concesión no siempre correcta de hipotecas. Además, consideran excesiva la exposición al ladrillo de las entidades. Sobre los organismos reguladores, critican la autorización de la comercialización de preferentes, cuya masiva emisión permitió capitalizar las entidades.

Por parte de CiU, el diputado Ferran Falcó defiende que “ha sido una comisión útil, que ha servido para dar voz a los afectados y escuchar las explicaciones de los responsables”. ERC pide una reforma de la ley de cajas catalanas y de las cooperativas de crédito en vistas al futuro, además de la creación de una banca pública, explica el diputado Pere Aragonès.

Las conclusiones del PSC piden al FROB que, dado el rescate millonario a las cajas, “proteja los derechos de los consumidores”, según la diputada Alícia Romero, que alude a “las barbaridades que se hicieron”. ICV solicita la creación de una Fiscalía de Delitos Financieros, que algunos directivos devuelvan sus indemnizaciones y la creación de una banca pública, explica el diputado Josep Vendrell. Desde Ciutadans, Jordi Cañas, defiende que la comisión ha servido para demostrar que el derrumbe de las cajas “tiene unos responsables”, además de mostrar “la enorme participación de las entidades en la burbuja inmobiliaria”.

La CUP, por su parte, critica la “poca operatividad y nula eficacia” de la comisión, que, para la formación se ha caracterizado por “vetos políticos planificados y vergonzantes incomparecencias” por parte de CiU, PSC y PP. La CUP insta a la Generalitat a “personarse como acusación particular en las causas judiciales abiertas”.

A diferencia del resto de grupos, el PP defiende el rescate de las entidades con 18.000 millones de euros públicos que “evitaron el fallo del sistema”, celebra que se hayan puesto las bases “para superar los escollos” del sistema, cuestiona la gestión de las cajas catalanas y celebra la actual “solvencia” de Bankia. También asegura que los reguladores "no actuaron correctamente", como tampoco lo hizo, mantiene, la Generalitat.