Hacienda prevé ahorrar 29 millones de euros por ajustes de personal

La disminución en subvenciones y transferencias que han recibido este año el sector público andaluz impactará en las plantillas de este conglomerado, aunque en los planes de ajuste presentados no se contemplan despidos de empleados públicos. La Consejería de Hacienda y Administración Pública estima en tan sólo 29 millones de euros el impacto que tendrá en la política de personal la reducción de ingresos.

Hacienda tiene desde enero los planes de ajustes elaborados por los 93 entes instrumentales de la Junta, de los que 12 son empresas o agencias públicas sanitarias que ya venían aplicando desde 2012 un régimen presupuestario que ahora se pretende exportar al resto de empresas de la Junta. La plantilla global del sector público la integran 26.817 personas.

Cada sociedad instrumental —18 agencias públicas, 28 sociedades mercantiles, 19 fundaciones y 16 consorcios adscritos— ha presentado su propia dieta financiera a partir de negociaciones bilaterales entre Hacienda y los representantes de cada consejería y del ente público que tiene adscrito.

En la información suministrada por Hacienda no hay datos individualizados de cada una de las sociedades, sino globales. La ley de Presupuestos de la Junta de 2014 cifra en 2.943 millones de euros el dinero que destina el sector público, un 8% menos que el año anterior. Esta rebaja no es idéntica en todos los entes. Así la Agencia de la Dependencia, que supone el 38% de la financiación global, mantiene el mismo presupuesto que en 2013, mientras que las agencias sanitarias disminuyen alrededor de un 5%.

De los 250 millones de euros menos que se destina a mantener los entes instrumentales, alrededor de 29 millones de euros “impactan en la política de personal”, informó Hacienda. En la mayoría de estas empresas se aplican reducciones ya vigentes para toda la Administración desde 2012, como la eliminación de los complementos de las pagas extraordinarias o la eliminación de beneficios como planes de pensiones o gratificaciones por jubilación o las llamadas ayudas sociales.

No obstante, el departamento que dirige la socialista María Jesús Montero asegura que “algunos entes precisan medidas adicionales” de ahorro en materia de personal. Entre ellas figuran las siguientes: bajas incentivadas de acogimiento voluntario; conversión voluntaria a fijo discontinuo; modificación de las condiciones en materia de jornada de trabajo anual y tiempo de trabajo; reducción de las retribuciones por conceptos variables; jubilaciones parciales; reestructuraciones organizativas; y la implementación de medidas de movilidad geográfica y funcional.

La aplicación de estas propuestas está sujeta a la negociación entre las direcciones y los comités de empresa, sin que hasta el momento se haya cerrado ningún acuerdo. La empresa que más preocupa al Gobierno andaluz de coalición es la Radio Televisión de Andalucía. Esta empresa tiene un desequilibrio presupuestario que debe solucionar este año en cumplimiento de la ley de estabilidad. Debe reponer 1,2 millones de euros del déficit con el que cerró en 2013 y ahorrar la misma cantidad para este ejercicio. La propuesta del subdirector general de RTVA, Joaquín Durán, para lograr este equilibrio es la reducción de salarios de la plantilla compuesta por 1.587 trabajadores.

El mayor ahorro de los planes de ajuste viene a través de otras vías como las de reducción de gastos operativos, de aprovisionamiento y de inversiones. Entre ellas destacan las siguientes: contratación centralizada a la que puedan adherirse los entes instrumentales en medios informáticos, parque móvil (carburante, reparaciones…) o inmuebles; la renegociación de precios de suministros; la eliminación y revisión de contratos técnicos externos y de mantenimiento; la revisión del consumo de suministros; la disminución de los costes de pólizas de seguros mediante otros procedimientos de contratación; los cambios normativos que permiten ajustes en la actualización de tarifas a la baja; y la reducción del servicio de ayuda a domicilio a dependientes, en cumplimiento de la norma estatal que rebaja las visitas.

Los planes de ajuste de cada empresa tendrán un seguimiento mensual por parte de la Intervención General y la dirección general de Presupuestos para asegurar su cumplimiento.

Hacienda también mantiene abierta la vía para integrar los entes instrumentales. Tres consorcios de formación profesional ocupacional están en proceso de liquidación y otros 11 “podrían pasar a integrarse en parte o en su totalidad en una agencia de nueva creación”.

En la Consejería de Igualdad, se ha iniciado la fusión por absorción de tres fundaciones en la Fundación San Juan de Dios, mientras que en la de Turismo, la empresa pública para la gestión del Turismo y del Deporte se hará cargo de la de Infraestructuras Turísticas. También está prevista la extinción de la sociedad mercantil Cartuja 93.