Choque del PP y el PSOE por el supuesto fraude en Andalucía

El presunto fraude masivo en cursos de formación en Andalucía no solo ha desatado un cruce de acusaciones entre la Junta y el Gobierno central, sino también entre los grupos políticos, que ya tienen la mirada puesta en las elecciones europeas. Así, el vicesecretario general y número dos del PP para los comicios de mayo, Esteban González Pons, ha reclamado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que abra una investigación interna sobre este supuesto nuevo fraude en la comunidad, azotada ya por el caso de los ERE.

Al igual que el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, González Pons ha pedido a la dirigente socialista responsabilidad y le ha recriminado: “No tiene sentido defender lo indefendible”. Para el PSOE, los populares están usando esta investigación “para tapar el gran escándalo de los casos Gürtel y Bárcenas, que están en el tuétano de este partido”. Por su parte,  el diputado autonómico de IU y portavoz de Hacienda y Economía, Ignacio García, ha pedido la "urgente" comparecencia del consejero de Educación, Luciano Alonso.

Más allá fue el portavoz de la Junta de Andalucía, el socialista Miguel Ángel Vázquez, quien ha precisado que las informaciones sobre este fraude responden a “un gran montaje” del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En este sentido, Vázquez llega a señalar en su blog que la noticia se ha convertido, con el paso de las horas, en “una patraña, en una filtración interesada y tendenciosa” que responde a una “burda operación para atacar al Ejecutivo andaluz deformando la realidad de manera espuria”. “El Ministerio del Interior, o algunos de sus componentes, han intentado hacer de ariete contra Andalucía y contra la Junta difundiendo una gran mentira amparándose en la cobardía de unas fuentes anónimas”, mantiene el portavoz andaluz.

Fiel a sus palabras del miércoles, Luciano Alonso, ha mantenido, en una entrevista en la cadena SER, que la Junta llegará “hasta el final” para descubrir, “si es que las hay”, las posibles ilegalidades en la gestión de estos fondos. Además, ha asegurado que la Administración autónoma no tiene “nada que ocultar”.

Alonso ha vuelto a acusar al Ministerio del Interior de filtrar a algunos medios informativos que el posible fraude podría alcanzar los 2.000 millones de euros, algo que el consejero ha calificado como “inaceptable” y “muy grave”.

En su comparecencia del miércoles, Alonso ha precisado que la cantidad sobre la que la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias asciende a 1,5 millones de euros, en relación con 17 expedientes de un programa de formación.

“La Junta de Andalucía no debe quejarse de ser investigada si no tiene nada que temer”, agrega González Pons durante una entrevista en la emisora Onda Cero.

El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, también ha expresado su “enorme sorpresa” por la “imagen negativa” que esta investigación tiene para Andalucía. González de Lara ha señalado que las actuaciones supuestamente fraudulentas investigadas “pueden ser repudiables, pero no son masivas”. “Parece que interesa que Andalucía esté siempre en el ojo de la negatividad”, agrega.