Un caso de corrupción por arte sacro amenaza al exobispo de Tui- Vigo

Todo empezó con la rocambolesca operación de compraventa de una casa rectoral de la Iglesia en Paraños, una pequeña aldea en el interior de Pontevedra. Los vecinos se enteraron de que el Obispado de Tui había vendido a sus espaldas el inmueble que habían contribuido a mantener con sus ahorros. El precio oficial fue de 60.000 euros en 2008 y el comprador, un viejo conocido de la Diócesis, Carlos Gómez Gil, técnico entonces de la Consejería de Cultura que decidía las subvenciones para restaurar patrimonio eclesiástico. A la casa típica de aldea, sus nuevos moradores le añadieron una piscina y un porche tras restaurarla de arriba a abajo.

El párroco de Paraños, Juan Sobrino, amigo personal de Gómez-Gil e imputado en la causa, negó a sus fieles que hubiera enajenado la vivienda, pese a que en las escrituras consta que estaba presente durante la venta en una notaría de Vigo. El entonces obispo de Tui, José Diéguez Reboredo, también imputado, habló de una cesión durante 23 años a cambio de las obras de rehabilitación. Pero, en marzo de 2009, los parroquianos se quedaron de piedra al comprobar que el nuevo propietario —que aún no había abonado un céntimo a la Iglesia— la tenía a la venta en Internet por 680.000 euros. Y presentaron una denuncia en la fiscalía. La investigación se cruzó con otra que ya instruía un juzgado de Santiago sobre las ayudas públicas de la Xunta a diferentes diócesis para rehabilitar patrimonio eclesiástico, y las adjudicaciones que la Iglesia firmaba con empresas de restauración. Ambas causas desembocaban en los apellidos de Gómez-Gil Aizpurúa.

La policía tiró del hilo y destapó una presunta red corrupta que se encargaba de restaurar iglesias y conventos con ayudas de la Xunta. Nació la Operacion Retablo. Los investigadores sostienen que Gómez Gil decantaba las ayudas a las órdenes religiosas desde la Consejería de Cultura a cambio de que estas contratasen a empresas amigas. Y que un segundo funcionario, José Manuel Pichel Pichel, arquitecto de la sociedad pública que se encarga de promocionar el turismo jacobeo, adjudicaba contratos para albergues de peregrinos con el mismo criterio. A ambos se le imputa fraude, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y exacciones ilegales contra la Administración.

Decenas de conversaciónes grabadas por la policía ilustran el modus operandi. En una de ellas, el hiperactivo arquitecto de la Xunta avisa a uno de sus aparejadores de confianza sobre las posibilidades que abría la red de alojamientos para peregrinos: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”. Otra charla de Gómez Gil con una empresaria de restauración, Olga Quintela, también imputada en el caso delata las prácticas de la red. El funcionario lamenta que la rehabilitación de un retablo no pueda hacerse por adjudicación directa, al superar los 50.000 euros. La restauradora le recuerda que como poco los trabajos costarían 146.000 euros. Entonces, Gómez Gil invitó a la empresa a aumentar los precios de la restauración de seis imágenes de la misma iglesia de 11.000 a 14.000 euros: “Súbeles un pelín y que dios reparta suerte”. En el sumario constan decenas de llamadas parecidas de Gómez-Gil a otras empresas de restauración para pactar precios y fraccionar contratos evitando así los concursos públicos. La policía peinó sus cuentas bancarias y halló ingresos sin justificar por 122.471 euros entre 1998 y 2008.

Tras recibir la visita de la policía, uno de los empresarios a los que encargaba las obras a travées de párrocos amigos, Manuel Montes Carballa, decidió tirar de la manta. Arruinado y arrepentido, admitió que él mismo había sufragado la rehabilitación de la rectoral, además de realizar otros regalos al funcionario de la Xunta a cambio de promesas de contratos que no siempre se cumplían. Puso como ejemplo un trabajo en el Obispado de Tui-Vigo: “La diócesis, por mediación de Gómez-Gil, encargó el proyecto de obra al estudio de arquitectura [privado] de Pichel, quien logró desde la sociedad Xacobeo que aportase fondos públicos a la Iglesia para afrontar el gasto. De esta forma, todo el mundo sale beneficiado”.

Es solo uno de los innumerables ejemplos que relata el sumario, que también denuncia algunas chapuzas en los trabajos restauración que arruinaron parte del patrimonio. Las escuchas policiales involucran a varios cargos eclesiásticos, empezando por el entonces obispo de Tui, José Diéguez Reboredo; a su ecónomo en la diócesis, Benito Estévez y al cura de Paraños, Juan Sobrino. Tanto el juez que instruye el caso como la policía sostienen que la presunta venta de la rectoral al funcionario de Cultura fue en realidad una “dádiva, un pago por los favores prestados” y les acusa de cohecho.

En otra conversación interceptada por los agentes, el principal imputado, Carlos Gómez Gil, pide (sin éxito) a una de sus empresas de confianza que mueva sus contactos para mediar ante el director general de Patrimonio de la Xunta, José Manuel Rey Pichel (sin ninguna relación con el arquitecto del Xacobeo) y que intente frene la investigación de la fiscalía.

La acusación popular que defiende los intereses de los vecinos de Paraños pide imputar también a dos sacerdotes, Crisanto Rial y David Juan Morado, que aparecen en los pinchazos alertando a los imputados de la investigación policial. La defensa del exobispo y del ecónomo de la diócesis de Tui intenta anular las escuchas y sostiene que la orden de la juez para intervenir los teléfonos de los dos funcionarios de la Xunta no está suficientemente fundada. El fiscal se opone y pide que ese argumento se invoque cuando llegue el turno del juicio con jurado. Para el que falta solo un último trámite: que el juez se lo comunique a las partes.