Con la iglesia y la banca topamos
Escandaliza La Utopía, pero no el expolio de bienes perpetrado por la jerarquía católica
Mientras la cesión temporal del uso de ocho viviendas a otras tantas familias sevillanas que no tienen donde caerse muertas ha estado a punto de dinamitar el Gobierno andaluz, el robo de más de 5.000 bienes inmuebles por parte de la jerarquía católica ha pasado inadvertido para buena parte de la ciudadanía.
La apropiación de viviendas, huertos, viñedos, fincas, solares, almacenes, garajes, ermitas, iglesias, catedrales y hasta cementerios, por parte de la iglesia, se ha hecho legalmente.
La Ley Hipotecaria franquista de 1946 concede a los obispos el privilegio de inmatricular (registrar por primera vez) bienes que durante siglos han pertenecido al pueblo. Basta con su firma. Un privilegio ampliado en 1998 por Aznar, que incluyó entre los bienes que podían ser rapiñados los centros de culto. Como la mezquita-catedral de Córdoba.
Por 30 míseros euros pagados en el Registro de la Propiedad, el obispado cordobés se ha hecho con la propiedad de una joya con 12 siglos de historia. Será difícil revertir ese robo. Porque de eso se trata: un robo, como coreaban, hace un par de semanas, los manifestantes convocados por la Plataforma pro mezquita.
Este país tiene pendiente la asignatura de la religión católica. Iglesia y Estado se confunden. Estos días, alcaldes y concejales desfilan en miles de procesiones en representación de instituciones laicas. Un disparate.
El escándalo protagonizado por el cardenal Rouco Varela en los funerales del expresidente Suárez ha animado al PSOE a proponer al Congreso una regulación laica de los actos de Estado. Que se reserven los actos religiosos al ámbito de lo personal y privado. Veremos que en qué queda.
El abuso de los privilegios otorgados a la iglesia se resume en esos 5.000 bienes (según Europa Laica; 4.500, según el Registro de la Propiedad), que han pasado a sus manos en poco más de 10 años.
Este despojo masivo de bienes públicos ha alcanzado tales proporciones que hasta el Gobierno católico de Rajoy ha decidido ponerle coto. En el anteproyecto de reforma de la Ley Hipotecaria que prepara se elimina ese increíble privilegio. Eso sí, la nueva ley entrará en vigor un año después de ser publicada en el BOE, lo que permitirá a la iglesia rematar su particular expolio.
La sentencia de otro tribunal, el Constitucional, viene a echar más leña al fuego del problema de la vivienda. El Constitucional confirma la suspensión de la ley antidesahucios andaluza. Dicen que pone en peligro la solvencia del sistema financiero. Como siempre, gana la banca. Con ella y con la iglesia topamos.
Mientras, auscultan la letra pequeña para decidir cuantos kilos de miseria acumulan ocho familias sevillanas para ver si son merecedoras de que les dejen usar provisionalmente una vivienda social. ¡Qué indecencia!
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