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FRAUDE EN LA FORMACIÓN

La Junta acusa a Interior de abrir una causa general a Andalucía

La Administración autónoma niega fraude masivo y cifra en 1,5 millones de euros la cantidad sobre la que investiga la fiscalía

El Gobierno andaluz ha exigido al Ministerio del Interior “una rectificación inmediata” sobre un presunto fraude masivo en cursos de formación en Andalucía. Otro más, según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El Ejecutivo autónomo ha rebatido la tesis de la policía de que el fraude puede alcanzar decenas de millones de euros. La cantidad sobre la que la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias y pedido información asciende a 1.523.628,65 euros, en relación con 17 expedientes de un programa de formación en la provincia de Málaga con un presupuesto global de 5.911.651,65 euros. Estas ayudas aún están en plazo de justificación.

Los datos los ha aportado un enfadadísimo consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien ha dicho no tener datos de las cifras que baraja la UDEF. Tampoco la Fiscalía de Málaga ha ratificado la magnitud del posible fraude. Fuentes del ministerio público ha asegurado que en este momento de la investigación aún no es posible cuantificarlo. Las pesquisas están aún “muy verdes”, han indicado.

El consejero Luciano Alonso. ampliar foto
El consejero Luciano Alonso.

La investigación de la UDEF se centra en cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía entre 2007 y 2013. Los fondos públicos para este fin en esos siete años rondan los 2.000 millones de euros. Según fuentes de la UDEF, el fraude puede oscilar entre 20 y 40 millones. Alonso ha negado que se pueda poner en duda el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en siete años. “Sería como confundir que toda la harina que se produce en Andalucía está en mal estado, porque hay una panadería que está siendo inspeccionada por sanidad”, compara.

La Junta ve detrás de todos esos datos una operación política del Gobierno del PP en plena campaña de las elecciones europeas y como una vía para tapar la trama Gürtel, el caso de corrupción que afecta a las entrañas de los populares. Para Alonso se trata de “un atropello a Andalucía, una vergüenza y una causa general” contra la comunidad autónoma. “¿De dónde y con qué datos cuenta el Ministerio del Interior para decir que hay un fraude masivo? ¿de dónde los ha recabado? ¿qué empresas, instituciones, ayuntamientos están incursos en dicho fraude?”.

Estas preguntas no han tenido respuesta por parte del Ministerio del Interior, quien ha negado haber filtrado datos de la investigación. Según fuentes de Interior, la UDEF y la Tesorería General de la Seguridad Social, a raíz de unos datos detectados por la Seguridad Social, “viene realizando desde hace unos meses una investigación abierta con la máxima reserva y con total discreción”. Estas fuentes han ratificado el “rigor” del trabajo de la UDEF y han pronosticado que cuando llegue al terreno judicial “se verá su importancia”.

Según los datos de la Junta, la única petición de documentación que le consta es la que hizo el pasado 14 de enero la sección de investigación de la Seguridad Social a raíz de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Málaga sobre 17 expedientes de una convocatoria de formación con compromiso de contratación de 2010. Estas subvenciones están aún en proceso de justificación. De la revisión de estos expedientes, Educación ha pedido el reintegro parcial a una de las empresas por haber incorporado gastos no susceptibles de subvencionar. La Administración andaluza no dio detalles ni de la cuantía ni de la empresa.

El PP pide que la presidenta andaluza comparezca en el Parlamento

Alonso sí ha informado de que en estos momentos hay 480 requerimientos de documentación y que se han iniciado 56 expedientes de reintegro en relación con ayudas de formación.

Alonso ha acusado al Gobierno de Rajoy de aliarse con el PP andaluz en una “causa general” contra la comunidad sin medir el coste que esto puede tener en el tejido asociativo andaluz al que se les señala como “cómplices de un entramado de corrupción”.

Esta nueva investigación se produce en una comunidad que lidera la lista de 272 regiones europeas con mayor tasa de paro (36,3%) y donde el caso de los ERE irregulares trae en vilo, desde hace tres años, a los socialistas, que llevan 32 años al frente de la Junta y gobiernan desde hace dos en coalición con Izquierda Unida. El PP ha registrado una solicitud de comparecencia en el Parlamento del Gobierno. El presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, quiere que sea la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien dé explicaciones. “No se me pasa por la cabeza que no lo haga”, afirma. Para Moreno, la investigación sobre el supuesto uso fraudulento de las subvenciones es “gravísima” y “empaña y ensucia” la imagen de la comunidad.

Moreno ha hablado de un supuesto fraude de “2.000 millones de euros, según la UDEF”. También ha reclamado al Gobierno andaluz una investigación interna para determinar “qué ocurre” con las subvenciones destinadas a la formación de desempleados y “por qué no se fiscalizan ni existe control”.

Tanto CC OO como UGT en Andalucía han defendido su actuación en la recepción y gestión de ayudas destinadas a formación para desempleados, han asegurado que es “absolutamente legal” y se han mostrado “tranquilos” ante la investigación policial. La Fiscalía de Málaga, en las diligencias que tiene abiertas, no tiene en el punto de mira a ninguna central de trabajadores. El secretario general de CC OO en Málaga, Antonio Herrera, ha defendido los instrumentos de control de las ayudas públicas y que estos se practiquen a rajatabla, aunque ha rechazado que se “emitan informaciones parciales en momentos concretos”. Ha criticado que haya “acusaciones” basadas en investigaciones “sin finalizar” y que estas informaciones se produzcan antes de “procesos electorales”.

El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, ha descartado cualquier “tipo de vinculación” con el supuesto fraude. Félix Martín, que preside en Andalucía el colectivo de empresas de formación y empleo Cecap, ha pedido que “no paguen justos por pecadores” y que “se eche a los sinvergüenzas”, dijo a Europa Press.

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