Interior indaga un fraude en cursos de formación en Andalucía

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía y la Fiscalía Anticorrupción están investigando irregularidades en cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía entre 2007 y 2013. Las pesquisas se encuentran en una fase “muy incipiente” e inicialmente se han centrado en Málaga, aunque las indagaciones se extienden a otras provincias andaluzas. El escándalo es especialmente grave en Almería y Granada.

En los siete años que se están analizando, la Junta de Andalucía, gobernada hoy por PSOE e Izquierda Unida, destinó más de 3.000 millones de euros para los programas de formación, según fuentes de la investigación, que añadieron que, aunque es muy prematuro, la cantidad defraudada o utilizada irregularmente puede oscilar entre 20 y 40 millones. “Puede alcanzar cifras superiores a las detectadas en el conocido caso de los ERE”, dicen.

Los agentes ya han tomado declaración a cerca de 300 personas, principalmente aquellas cuyos nombres están incluidos en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Unos 1.000 beneficiarios están bajo sospecha (la mayoría de ellos empresas que han dado cursos de formación que tienen sedes en varias provincias). “Hay firmas que son auténticas tapaderas, creadas a propósito para defraudar”, según un alto cargo policial.

Las pesquisas tienen su origen en una denuncia cursada por la Seguridad Social hace alrededor de un año. La fiscalía de Málaga ya tiene sobre la mesa un informe, referido al ejercicio 2010, en el que el 50% de los investigados han incurrido en fraude o en algún tipo de irregularidad.

Las pesquisas se centran en los fondos concedidos entre 2007 y 2013

Sindicatos, empresas dedicadas a la formación y miembros de la Administración se beneficiaron supuestamente de esas subvenciones que están en el punto de mira de la policía en la operación Edu, avanzada este martes por elconfidencial.com. El caso todavía no está en manos de ningún juez porque la policía quiere reunir antes más información.

La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la UDEF, y la Fiscalía Anticorrupción, han centrado sus pesquisas en Málaga y en varios municipios de esta provincia (Antequera, Fuengirola y Vélez-Málaga). En este caso no se han producido registros ni detenciones.

La mayoría de los interrogados hasta ahora son supuestos alumnos de los cursos de formación. Una de las irregularidades descubiertas en la investigación inicial se centra en cursos programados que ni siquiera llegaron a impartirse y que se habrían justificado rellenando listados con asistentes ficticios, aunque el nombre y apellidos de esos beneficiarios sí son reales.

Entre las anomalías detectadas está también el incumplimiento de algunas empresas adjudicatarias de su compromiso de contratar a un porcentaje determinado de los alumnos durante varios meses, un requisito que en teoría era imprescindible para obtener la ayuda.

 La Seguridad Social ha solicitado a la Junta información sobre 17 empresas de Málaga que recibieron 1,5 millones de euros en ayudas en 2010. Fuentes de la Administración andaluza precisaron que ese año se destinaron 5,9 millones a los programas de enseñanza para trabajadores de esta provincia. La Junta de Andalucía ha requerido información a las empresas para que acrediten qué uso dieron al dinero percibido.

Los agentes encuadrados en la UDEF sospechan, según fuentes del caso, que ha habido supuestos en los que un adjudicatario de ayudas recibía el 75% de la subvención y después no reclamaba a la Administración regional el 25% restante, cantidad que estaba condicionada al cumplimiento de todos los requisitos para poder ser beneficiario de la ayuda.

Desde hace tiempo, los cursos de formación están bajo sospecha. El caso Aneri destapó en Madrid una trama de cursos de formación falsos organizada para captar subvenciones, un caso que también investiga la UDEF. El empresario José Luis Aneri está en el epicentro de este caso, que ha salpicado a cargos de la Cámara de Comercio y de la patronal madrileña.

En Andalucía, los cursos de formación han sido un instrumento básico de la llamada concertación social, un acuerdo para la paz social en el que participan el Gobierno autónomo, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. En el caso de este sindicato, la juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya, también abrió una línea relacionada con el destino irregular dado a dinero de la formación (como el gasto de la caseta de la Feria de Abril).

La crítica más contundente a la gestión de los cursos de formación la dio recientemente la Cámara de Cuentas de Andalucía. En un informe que hizo público el pasado mes de enero, el órgano de fiscalización censuró la gestión de la formación los años 2009 y 2010. El documento señalaba el 89% de las ayudas para formación concedidas ese primer año se dio sin control, porcentaje que se redujo al 36% en 2010.

Los agentes ya han tomado declaración a unas 300 personas en Málaga

Los auditores señalaban que el dinero se había concedido sin “concurrencia competitiva” y añadían: “Las subvenciones concedidas se instrumentan a través de convenios de colaboración y se abonan por el importe total sin necesidad de justificación previa, mediante acuerdos del Consejo de Gobierno, y en virtud de lo establecido en las correspondientes leyes de Presupuestos”.

Según la Cámara de Cuentas, la Junta otorgó en esos dos años 745 millones para cursos de formación: 615 para desempleados y otros 130 para trabajadores en activo. En el anexo del informe se detallan cuáles fueron los principales perceptores de las ayudas para formación en 2009 y 2010. De los 745 millones concedidos, la Confederación de Empresarios de Andalucía recibió 83 millones. La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un organismo dependiente de la Junta de Andalucía, manejó 66,3 millones de euros; CC OO recibió 63 millones, mientras que a UGT fueron a parar 63,5 millones. Tras este informe, el PP pidió una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, que fue rechazada por PSOE e IU.

Las competencias sobre la formación en Andalucía han cambiado de consejerías en los últimos años. En 2007, primer año del periodo que investiga la policía, la formación estaba en la Consejería de Empleo. El titular de este departamento era entonces Antonio Fernández, quien está imputado en el caso de los ERE. Luego pasaron a la Consejería de Economía, y en la actualidad están en la de Educación.