Errores al almacenar exámenes restan validez a los resultados del ‘PISA vasco’

Una prueba que por primera vez se realizaba por completo en ordenadores y que generó un “incremento de respuestas erróneas”. Y dispositivos electrónicos de almacenamiento que fallaron al guardar los exámenes y perdieron evaluaciones. Son las razones esgrimidas por la consejera de Educación, Cristina Uriarte, para explicar que no se pueden comparar los resultados de la evaluación diagnóstica de 2013, la prueba que el Gobierno vasco realiza a los jóvenes de cuarto de Primaria y segundo de Secundaria como termómetro bianual de la educación preuniversitaria, con los de años anteriores.

Al hacerlo, los resultados muestran que solo se ha mejorado en la competencia en castellano de Primaria. Los datos perdidos por el fallo de las memorias electrónicas se centran en Secundaria, donde el número de alumnado recogido como “perdido o ausente” se eleva a casi 3.600 de los 17.700 que se incluyeron en la muestra en el caso de la competencia de euskera y a 4.200 de 18.300 en el caso de la competencia de castellano.

Esto hizo que se redujera el porcentaje de quienes fueron evaluados por debajo del 80% de los incluidos, cuando en el resto de competencias, en las que no hubo problemas, superaron el 90%. Aunque “no se puede excluir por completo que se haya producido una reducción de la competencia”, Uriarte renunció a fijar objetivos de mejora a los centros educativos. “Hay tantos datos con errores y cambios que no podemos comparar, no podemos ver muy bien si hay un cambio y hacia dónde ir”.

Si durante la pasada legislatura el PSE planteó la necesidad de un trasvase del 5% de alumnos de la franja de menores competencias a la media, la más amplia, y de otro 5% de la media a la de niveles de excelencia, el eterno reto, la consejera consideró que los resultados de la última evaluación, la necesidad de hacer cambios al examen por ordenador y las modificaciones de decretos y de pruebas motivados por la ley Wert hacen “totalmente arriesgado establecer objetivos realmente alcanzables”.

La socialista Isabel Celaá, anterior consejera de Educación, criticó la ausencia de objetivos y añadió: “creía que estábamos en otra historia [ante la aplicación de la ley Wert], en la posibilidad de ir aguantando con determinadas prórrogas como se pueden dar en los PCPI, ir pasando el tiempo para no modificar el sistema educativo en exceso”.

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera criticó las diferencias de resultados entre la red pública y la concertada y reclamó medidas de apoyo para la primera como una vía para “garantizar la igualdad de oportunidades”.