EL DEBATE SOBRE EL PLAN INDEPENDENTISTA CATALÁN

Mas responde al Congreso acelerando la ley electoral y la de consultas

La Generalitat quiere crear una autoridad que supervise los comicios catalanes

El rechazo del Congreso a que el Parlamento catalán pueda convocar un referéndum de autodeterminación formaba parte de la hoja de ruta de los partidos soberanistas. Los nacionalistas tenían tan interiorizado el no del Congreso que en los últimos días ya han comenzado a mover ficha en el plan alternativo para intentar celebrar la consulta de autodeterminación el 9 de noviembre. El plan en el que trabaja el Gobierno de Mas es aprobar la ley catalana de consultas a la vuelta de las vacaciones de verano. La ponencia de la ley se reactivará tras las vacaciones de Semana Santa como respuesta al no del Congreso. El objetivo de Mas y de su socio de Esquerra es dejar claro que, pese al rechazo de la Cámara, el proceso sigue.

Para dar cobertura a la consulta, Convergència i Unió ha decidido acelerar también una medida pendiente en Cataluña desde hace casi 35 años: la ley electoral catalana. Este texto es básico para que los próximos comicios, sean una consulta o unas elecciones en clave de plebiscito sobre la independencia, pasen a ser supervisados por una autoridad electoral catalana y no por la Junta Electoral Central, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Los partidos catalanes se han mostrado históricamente incapaces de dotarse de una ley electoral propia, pese a que podrían haberlo hecho desde 1979. La competencia sobre la ley electoral es exclusiva de Cataluña, o sea que en este caso los nacionalistas no pueden culpar de esta carencia a la Administración central. Los comicios catalanes se han venido regulando desde la llegada de la democracia por una disposición transitoria del Estatuto de 1979, y Cataluña es la única comunidad que no dispone de norma propia.

Los partidos catalanes se han mostrado históricamente incapaces de dotarse de una ley electoral propia, pese a que podrían haberlo hecho desde 1979

Según el Estatuto de 2006, la ley debe aprobarse con una mayoría de dos tercios de la Cámara y, aunque se podría hacer sin la concurrencia del Partit dels Socialistes, Convergència i Unió ha comunicado los últimos días al PSC que no la piensa sacar adelante sin su voto. Además, ambos partidos han acercado posiciones para que el sistema sea más proporcional, abierto y que respete la realidad territorial, algo con lo que también está de acuerdo Esquerra Republicana.

Las fuentes consultadas de la dirección del PSC consideran que ahora comienzan a darse las condiciones para el acuerdo y que este podría avanzar dentro de un par de semanas, cuando se reúna la ponencia que elabora la ley para ponerse a trabajar en la última propuesta. Antes no se descartan nuevos contactos entre Artur Mas y el líder del PSC, Pere Navarro.

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Los nacionalistas están presionando para sacar adelante esta ley, convencidos de que, en el caso de que puedan convocar el referéndum mediante la ley catalana de consultas, necesitarán una autoridad electoral que valide los votos y controle la campaña. Están convencidos de que la Junta Electoral Central no se lo pondrá fácil y por eso quieren un organismo propio.

Al mismo tiempo que impulsan la ley electoral, han decidido reactivar la elaboración de la ley de consultas, que se encuentra ya prácticamente lista. La norma es importante porque la Generalitat quiere usarla como amparo legal para convocar el referéndum independentista: a diferencia de la aprobada en 2010, las consultas no requerirían del permiso del Gobierno central porque no serían refrendarias. El Parlamento autonómico demorará hasta septiembre su aprobación para que coincida con la convocatoria de la consulta soberanista, en un intento de evitar la impugnación del texto legal por parte del Gobierno. El PP, por su parte, considera que podrá impugnar ambas cosas a la vez. Con todo, Mas lograría una ventaja política que intentaría aprovechar en caso de tener que convocar elecciones posteriormente.

Una norma insuficiente

MARÍA FABRA, Madrid

Cataluña tiene vigente la ley de consultas populares por vía de referéndum, aprobada en 2010 e impulsada por el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV). Sin embargo, esta no sirve para satisfacer la actual pretensión de los nacionalistas catalanes, ya que exige la autorización del Estado para convocar la votación. Pese a ello, Artur Mas la ha esgrimido como una de las vías posibles.

La norma fue recurrida por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el Tribunal Constitucional, que decidió su suspensión durante cinco meses y que, en junio de 2011, decidió levantar el veto. Tras esta decisión, el Constitucional no ha sentenciado sobre la ley y, según fuentes del tribunal, “de momento” no tiene previsto hacerlo.

El texto de la ley señala que el objeto de las consultas serán “cuestiones políticas de especial trascendencia para la ciudadanía”. Además de exigir la autorización del Gobierno central, la norma indica que la aprobación de la propuesta de consulta popular “requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados”.

Sobre la firma

Miquel Noguer

Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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