Un estudio calcula que la secesión causaría una caída del 10% del PIB

La secesión de Euskadi de España provocaría una pérdida de entre el 10% y el 13% del PIB vasco en el mejor de los casos, es decir, si a la misma se llegara de una forma amistosa. Así se recoge en uno de los capítulos del libro La secesión de España. Bases para un debate desde el País Vasco, obra de Joseba Arregi, José Mª Ruiz Soroa, Luis Castells, Matías Múgica, José V. Rodríguez Mora y Bárbara Ruiz Balzola.

Arregi y Ruiz Soroa han destacado este martes la novedad de un capítulo en clave económica en el que Rodríguez Mora cuantifica entre un 10% y un 13% la pérdida del PIB derivada de una hipotética secesión del País Vasco. Ruiz Soroa ha explicado que la novedad de este estudio sobre las consecuencias económicas radica en que no toma como base, como otras investigaciones previas, los flujos fiscales entre Euskadi y España, sino que lo hace tomando como referencia los flujos comerciales.

Según ha precisado, la repercusión de la secesión del País Vasco en los flujos fiscales sería "prácticamente cero, porque Euskadi no aporta nada hoy en día a España gracias al sistema privilegiado del Concierto Económico". Sin embargo, ha remarcado que, en términos comerciales, el capítulo de Rodríguez Mora pone de manifiesto que una frontera entre Euskadi y España se dejaría sentir especialmente en la comunidad autónoma vasca, ya que "esta situación de tener una relación comercial privilegiada con el resto de España que puede llegar al 40% de nuestro PIB no sería mantenible por el efecto frontera en caso de independencia".

Ruiz Soroa ha explicado que el autor del estudio también ha analizado como afectaría a Cataluña la independencia, y ha aclarado que el efecto negativo en el comercio sería inferior al caso vasco, ya que sería parcialmente compensado por un flujo fiscal positivo. El coautor del libro La secesión de España. Bases para un debate desde el País Vasco, ha adelantado que en la obra se afirma que "no existe lo que aquí se llama, de una forma borrosa, un derecho a decidir unilateral por parte de ningún territorio de un Estado; pero sí existe una demanda legítima" que "pueden ostentar los ciudadanos de parte de un país con respecto al Estado en que se encuentra"; y que esta aspiración, "que es legítima si es pacífica, debe tener un cauce de tratamiento en el derecho interno".

El efecto económico negativo en una Cataluña independiente sería menor 

"En derecho interno, toda demanda legítima debe poder ser atendida, tramitada y respondida de una forma razonable, motivada", ha subrayado, Ruiz Soroa que, sin embargo, ha aclarado que "no quiere decir con esto que basta con que exista una demanda para que exista automáticamente la obligación de conceder la independencia a ese territorio".

A lo largo de esta publicación se propone ver si puede diseñarse una forma para tratar la demanda y, según Ruiz Soroa, la respuesta es "sí" ya que "la constitución da margen para tratar una demanda de secesión", aunque "conllevaría finalmente, de manera inevitable, tener que reformar la constitución". No obstante, ha señalado que "hay forma de regular legislativamente, y sin necesidad de reformar la constitución, un procedimiento" para constatar si existe una demanda de secesión a través de una consulta y para "negociar entre las partes si esa secesión se puede llevar a efecto, de que manera y como se pueden distribuir las cargas y obligaciones".

"Lo que sí existe en una democracia que se tenga por tal en el sentido completo del término es la obligación de establecer cauces legales para tramitar y dar una respuesta razonable y democrática a la demanda de secesión", ha asegurado Ruiz Soroa, que también ha remarcado que "esa consulta referendataria, que se puede hacer perfectamente con la constitución vigente, para saber si en Cataluña existe o no voluntad clara de secesionarse debe cumplir un mínimo claro", que es el de la "claridad" en el procedimiento y en el debate.

Arregi ha explicado que todos los colaboradores del libro comparten la idea de que "la unión es mejor que la separación" y que ésta "se debe fundamentar en aquello que puede ser común entre los distintos, que es el derecho de ciudadanía, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales" porque "si se pretende la unión en base a marcadores lingüísticos, étnicos, culturales, de sentimiento, de voluntad, de religión, esos marcadores que quieren fundamentar una unión terminan separando", ha advertido.