Educación oferta 74 aulas menos de valenciano en la campaña escolar

El plazo de presentación de solicitudes para escolarizar al alumnado de educación infantil y primaria en la comunidad autónoma arrancó este lunes con 74 unidades menos en valenciano, de ellas 60de infantil, según la contabilidad de Escola Valenciana, y con un recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta entidad contra la resolución de la Consejería de Educación que ha propiciado su eliminación.

En el recurso presentado este lunes ante la sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la entidad impugna y pide la suspensión cautelar del llamado “arreglo escolar”, es decir, la resolución por la cual la Consejería de Educación modifica las unidades y puestos de trabajo escolares del curso próximo.

La previsión de los recurrentes es que el juez dictamine en el periodo de un mes. “Si fuera favorable”, estima Vicent Moreno, presidente de Escola, “supondría tener que iniciar de nuevo todo el proceso de admisión en los municipios afectados por la supresión”. En total, 96 municipios de 18 comarcas, incluidas las tres capitales y varias grandes ciudades, como Alcoi, Torrent o Vinaròs.

De las 74 unidades directamente suprimidas, 70 son necesariamente en valenciano porque se refieren a centros donde o solo se da enseñanza en esta lengua, o bien, como en el caso del Ciutat de Cremona de Alaquàs, que tiene tres líneas, se les ha suprimido la única unidad de tres años que les quedaba en la lengua de Estellés. O también, casos como el del Ramiro Jover, de Valencia, que se ha quedado con dos líneas en valenciano pero una sola aula de tres años en la que caben 27 niños, a pesar, se lamenta su directora, Eva Tarín, de que casi la llenarían “solo con los 23 hermanos de esa edad que van a entrar, a los que hay que sumar otras 14 familias que los matricularían si hubiera oferta suficiente”.

Català garantiza el valenciano si hay “niños para formar un grupo”

Los otros cuatro colegios que pierden la entrada en valenciano son de doble línea, es decir, con enseñanza en valenciano y castellano. Por tanto, la decisión de si la unidad escolar suprimida es de una otra, resulta clave, especialmente en el caso de las aulas de infantil, dado que son la puerta de acceso a la enseñanza en una lengua. Son casos, explica Escola Valenciana en su recurso, en los que “la Consejería de Educación está optando por eliminar las unidades en valenciano en contra del acuerdo del Consejo Escolar de centro” y “perjudicando los derechos de alumnos y familias de recibir enseñanza en valenciano, imponiendo el castellano como lengua de aprendizaje”.

Se refieren a casos como los del colegio Santa Magdalena de Poble Nou-Benitatxell, Sant Vicent Ferrer de Teulada, ambos en la provincia de Alicante; Don José Alba, de La Vilavella (Castellón), y el CEIP Herrero de Castellón capital. La preocupación de la plataforma cívica es lo que pueda suceder en otros casi 60 centros donde peligran más de 70 unidades de enseñanza en valenciano.

En “la mayoría de los casos se da a los centros la oportunidad de elegir qué línea ha de ser suprimida”, aseguró ayer la consejera de Educación, María José Català, en una comparecencia cultural ante la prensa, en referencia al recurso de Escola Valenciana, al que no auguró “un recorrido en el tiempo”, por estar convencida de que las decisiones relacionadas con el ajuste escolar “están justificadas” y “no tienen motivaciones lingüísticas, sino que se deben a que en una determinada escuela haya más o menos niños”. Preguntada por este diario acerca de si podía garantizar que todos los niños que quieran estudiar en valenciano podrán hacerlo el próximo curso, Català ha preferido una respuesta condicionada: “Podemos garantizar la libertad siempre y cuando haya niños para conformar un grupo”.

En su recurso judicial, Escola Valenciana insiste en que la consejería no conoce la demanda cuando decide suprimir unidades. Por eso, pide la suspensión cautelar de la resolución impugnada hasta que la Administración “conozca el resultado del proceso de matriculación” que acaba de empezar y que finaliza el 25 de junio para Infantil y Primaria, y que “acuerdo abrir un nuevo periodo de admisión que permita a las familias poder elegir centro y preferencia lingüística, adecuando el arreglo escolar y la planificación educativa a la demanda de las familias”.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA)-València acordó también este lunes presentar un contencioso-administrativo contra la resolución definitiva de arreglo escolar.