Una oportunidad para negociar

Si alguna cosa ha sido elocuente en las dos últimas semanas ha sido la clamorosa derrota de quienes durante dos años se han hartado de proclamar que ni existe ni puede existir ese derecho a decidir cuya práctica se propone en Cataluña. Aunque justo es reconocer que ha habido y hay motivos para la confusión. Y el primero de ellos es que muy poco después de que el Parlamento catalán planteara el ejercicio de este derecho mediante una consulta a los ciudadanos los aliados independentistas del Gobierno de Artur Mas y una parte de CiU la convirtieron en sinónimo de referéndum de autodeterminación. Y sus adversarios también.

Lo que ha sucedido ahora es que, contra lo que todas las partes esperaban, un Tribunal Constitucional necesitado de legitimación decidió no atender la petición del Gobierno de Mariano Rajoy para que descalificara el derecho a decidir planteado por el Parlamento catalán. En su sentencia del 25 de marzo hizo lo contrario, lo puso en valor, señaló que existen cauces legales para su ejercicio y que el método para hacerlo real es el diálogo y la negociación.

El presidente Artur Mas y su Gobierno tardaron mucho en darse cuenta de que esta sentencia era la primera buena noticia que recibían desde las instituciones centrales del Estado desde que hace cuatro años plantearon que la ciudadanía catalana se pronunciara sobre su futuro político nacional. Al consejero Francesc Homs le costó una semana admitir que el Tribunal Constitucional acababa de señalar una vía política — y legal, claro— para convocar la consulta.

Al Gobierno de Rajoy le ocurrió algo parecido, sino lo mismo. Puso el acento en la primera parte de la sentencia del Tribunal, la relativa a la soberanía y sus sujetos, que sí atiende la anulación pedida por el Gobierno español. Lo mismo hicieron la casi totalidad de los medios de comunicación, tanto en Madrid como en Barcelona.

La fortaleza del planteamiento catalán reside en que se ha formulado siempre, desde el primer momento, en base al principio democrático

Se comprende que así haya sido, porque en un conflicto político que, en el fondo, es una pugna entre nacionalidades, todo lo relativo a la soberanía es un aspecto ciertamente llamativo, políticamente apetitoso. Además, esta parte de la sentencia permitía a las partes seguir en sus respectivos enrocamientos. Pero han pasado dos semanas y cada día se ve con mayor claridad que la sustancia política actual del conflicto no es la retórica sobre la soberanía sino la viabilidad política, no la jurídica, que siempre ha existido, de una consulta a los ciudadanos de Cataluña sobre su futuro político.

Llegados a este punto, el calendario político ofrece hoy a ambas partes una oportunidad para dialogar y negociar. El Gobierno español debiera tener en cuenta hoy que el debate en el Congreso de los Diputados es una ocasión solemne como pocas para aclarar o enrarecer más la relación política entre Cataluña y el resto de España. No sería extraño que prefiriera seguir complicándola, porque el PP sabe que darle leña a los catalanes es rentable en una amplia franja del electorado español, y más a dos meses de unas elecciones en las que está muy presente la tentación de un voto de castigo a los partidos gobernantes de la crisis económica.

Lo que se debate es una propuesta para la consulta que cuenta con el apoyo del 80% del Parlamento catalán y todo apunta a que va a ser rechazada por el 80% del Congreso. Un choque que convendría ahorrarse.

La fortaleza del planteamiento catalán reside en que se ha formulado siempre, desde el primer momento, en base al principio democrático. Frente a él, el Gobierno del PP ha opuesto durante dos años largos el principio de legalidad y se ha escudado para ello, sobre todo, en la Constitución española. Sus portavoces, los del PP y los de los partidos del nacionalismo españolista que le secundan en esta cerrada posición, han repetido una y otra vez que no puede haber consulta porque las leyes no lo permiten y porque un referéndum como el que solicita el Parlamento catalán afecta a la soberanía, algo de lo que solo puede disponer la totalidad del cuerpo electoral español. Pero desde que Rubio Llorente dijo, hace ya muchos meses, que si se quería podía haber vías jurídicas y constitucionales para encauzar el conflicto, el Gobierno estaba en falso en este aspecto.

El Tribunal Constitucional lo ha dejado en evidencia. Ahora todo el mundo sabe perfectamente que la invocación a las leyes y la Constitución es una mera excusa política. O una cosa peor: otro intento de interpretar la Constitución no solo a la baja, como se hizo en 2010 con el Estatuto de Autonomía, sino con una involución democrática. Sería un despropósito, sino un insulto, que a un problema político cuya esencia es el reconocimiento nacional de Cataluña y lo que de él deriva se respondiera hoy ofreciendo dialogar sobre dinero, con la idea de que al fin y al cabo se trata del viejo asunto de los catalanes y ya se sabe que eso es lo único que les mueve.