El fiscal afirma que la cesión del padrón para la consulta afecta a la intimidad

El Ministerio Fiscal considera que ceder los datos del censo a la Generalitat para celebrar la eventual consulta secesionista afecta a la intimidad de los ciudadanos y, por tanto, tienen derecho a no dar su consentimiento para que sean utilizados. El representante del Ministerio Público ha expresado su posición inequívoca en una vista celebrada esta mañana en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona en la que la juez ha escuchado a las partes después de que el Ayuntamiento de Cabrils aprobara el pasado día 27 una moción en favor de ceder el padrón a la Generalitat si así lo requiere cuando se celebre la consulta soberanista dentro de la legalidad.

La demanda la ha interpuesto Alejandro Rusiñol, un barcelonés de 36 años, presidente del minúsculo partido Alianza Central Democrática, que reside desde hace 10 años en el municipio, contra la decisión del Consistorio de Cabrils (CiU). La juez dictó hace una semana la suspensión cautelar de la moción y hoy ha querido escuchar a las partes. En una breve intervención, el fiscal ha sido taxativo y se ha mostrado a favor de mantener la suspensión. "Este procedimiento tiene un trasfondo político y por eso está aquí el abogado de la Generalitat. Se está olvidando que lo que está en juego es el derecho a la intimidad de un señor de Cabrils. Y creo que lo está", ha señalado para responder afirmativamente en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000.

Este procedimiento tiene un trasfondo político y está en juego la intimidad de un ciudadano", dice el fiscal

El fiscal ha rebatido la opinión de los letrados del Ayuntamiento que, entre otras razones, ha esgrimido que no podía prevalecer, por un criterio de proporcionalidad, el interés de un ciudadano por encima de los otros 7.000 habitantes que tiene el municipio. "Si hay peligro para quien quiere votar, también existe entonces para quien no quiere hacerlo", ha aducido el fiscal.

La vista se ha celebrado en medio de una gran expectación y con la presencia de la alcaldesa de Cabrils, Avelina Morales, de Convergència, que antes de la vista ha recalcado que el Consistorio no se ha "tirado a la piscina", ya que antes de aprobar el texto requirió un informe a la Autoridad Nacional de Datos, dependiente de la Generalitat. La alcaldesa, que ha sostenido que la moción es solo "una declaración de intenciones", ha estado respaldada por una quincena de alcaldes de la comarca del Maresme, en su mayoría de CiU. Ni la alcadesa ni Rusiñol, también presente en la sala, han intervenido en la vista. La letrada del demandante ha alegado que la decisión del Consistorio vulnera derechos fundamentales de su cliente en alusión al artículo 14 de la Constitución, que apela a que los españoles sean iguales ante la ley, y al 18, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen así como "la dignidad humana".

El demandante solo busca notoriedad política y eco mediático", sostiene el letrado del Consistorio

La juez, que se ha expresado en catalán, ha sido muy estricta con la letrada al impedirle entrar en el fondo de la cuestión en contraste con los abogados del Ayuntamiento y de la Autoridad Nacional de Datos a quienes ha permitido explayarse. Santiago Farré, abogado del Consistorio ha acusado a Rusiñol de buscar únicamente  "notoriedad política" y "eco mediático". El letrado ha señalado que la conducta del Consistorio ha sido impecable por cuanto solicitó previamente un informe a la Autoridad Catalana de Protección de Datos y negó la urgencia de caso por cuánto la consulta no está convocada ni aprobado el paraguas legal -la ley catalana de consultas- sobre la que penderá.

La cesión del padrón afecta a derechos fundamentales y a la dignidad humana", alega la letrada de Alejandro Rusiñol

Jordi Salbanyà, abogado de la Autoridad Nacional de Datos, cuya presencia ha requerido la juez y ha lamentado el fiscal, ha insistido que se está tratando de un futurible y que, en cualquier caso, la Ley de Bases de Régimen Local obliga en su artículo 16 a que las Administraciones se traspasen los datos entre si cuando así lo requieran. El letrado del Consistorio se ha expresado también en parecidos términos y ha reportado un informe de los secretarios municipales que consideran innecesario el debate por cuanto los Ayuntamientos tienen la obligación de ceder los datos cuando se les requiera.

A la salida del juzgado, Rusiñol ha lamentado que el caso se este politizando y ha señalado que no está en contra del derecho a decidir: que lo único que quiere es que se pueda realizar mediante una ley orgánica. "El fiscal solo ha defendido la legalidad", ha señalado tras explicar que el sábado acudió a los Mossos d'Esquadra para comunicar -que no denunciar- que estaba siendo amenazado e insultado a través de las redes sociales.