La Guardia Civil señala en el ‘caso ERE’ a tres diputados históricos del PSOE

La Guardia Civil ha señalado a tres históricos diputados del PSOE andaluz en su nuevo atestado del caso ERE sobre la Sierra Norte sevillana que entregó a la juez Mercedes Alaya la semana pasada: el diputado a Cortes José Antonio Viera y los diputados autonómicos José Caballos y Francisco Vallejo. Eso sí, la implicación de Viera, cuyo papel como consejero de Empleo (2000-2004) los agentes tildaron en su día de “esencial” para la concesión de las ayudas directas a empresas que Alaya considera ilegales, es bastante más relevante que el de los parlamentarios andaluces, a los que relega como posibles conocedores de estas subvenciones. La Sierra Norte sevillana, una comarca de 30.000 habitantes, acaparó ayudas por 30 millones del total de 73. Es decir, el 40% de las ayudas concedidas para toda Andalucía.

En su voluminoso informe elaborado durante casi tres años, los agentes incluyen a Viera en el grupo de “personas con responsabilidad pública que podría haber favorecido o permitido las ayudas investigadas”, junto a su sucesor el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, y los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

Sin embargo, la Guardia Civil señala a Caballos por su conocimiento de los supuestos privilegios de los empresarios, más que por su papel activo, según una de las conclusiones, que abunda en el uso del condicional: “Se deduce que Caballos podría haber conocido la consecución de estas ayudas y el trato de favor que estaban recibiendo los investigados por parte de la Consejería de Empleo”. Mientras, al diputado y exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, los agentes le achacan que “podría haber conocido” los pagos a favor de las empresas de la Sierra Norte sevillana al haber presidido el consejo rector de la agencia Idea (pagadora de los ERE).

En su atestado, los agentes destacan las ayudas recibidas por el grupo Matadero Sierra Morena, vinculado a los exconcejales socialistas y empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, así como el padre del primero, Rafael Rosendo, y otros empresarios vinculados a Viera, como Eduardo Lora. Si la hija del diputado a Cortes, Sonia Viera, trabajó para el grupo Matadero, el hijo de Caballos hizo lo propio y fue empleado del mismo grupo empresarial.

En total, los agentes señalan a una veintena de personas vinculadas a estas empresas. Junto a los políticos, figuran otros empresarios beneficiados por las ayudas como Rafael Ávila, José Enrique Contreras Sáez de Tejada y Manuel Valdecantos y Pascual Caputto, ambos del grupo Barbadillo que adquirió el grupo Matadero de Sierra Morena tras la salida de Rosendo y Sayago.

En el perfil político del atestado, junto a Caballos y Vallejo los agentes señalan a Francisco Mencías y Miguel Ángel Serrano, ex directores generales de la agencia Idea (antes Instituto de Fomento de Andalucía), además de Manuel Enrique Contreras, ex alto cargo del IFA en Sevilla.

Alaya ha aprovechado su auto para incidir sobre el cariz de estas ayudas: “Específicamente dirigidas a favorecer un territorio, y más que a un territorio a un grupo de personas en claro detrimento de las demás, ayudas que fueron intensas hasta el año 2004 pero que perduraron por idéntica razón desigualitaria durante toda la década”. Mañana martes está previsto que las partes accedan al contenido completo del atestado, que se ha retrasado durante nada menos que tres años.