Urkullu rechazó un área para Víctimas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, rechazó la posibilidad de segregar el área de Víctimas, en manos de Txema Urkijo, de la secretaría de Paz y Convivencia, que dirige Jonan Fernández, y que le fue planteada hace meses por el ahora alto cargo destituido como fórmula para sortear la incompatibilidad que mantenían. Ahora, el Gobierno vasco solo confía en que amaine la polémica suscitada por la destitución de Urkijo, a la que ha contribuido sobremanera la reacción crítica de varios grupos de víctimas y no precisamente del colectivo más intransigente.

Urkullu siempre quiso que Paz y Convivencia funcionara como un equipo. Suponía, de hecho, la plasmación concreta en el arranque de su mandato del concepto que mantiene para abordar un futuro sin violencia en Euskadi. Para su ejecución, depositó toda su confianza en Jonan Fernández. Por eso, a pesar de las reticencias que el máximo responsable del área sigue despertando en el Ministerio del Interior, entre víctimas y entre la mayoría de los partidos salvo el PNV, el lehendakari siempre le ha mantenido su firme apoyo, incluso cuando Urkijo le planteó la difícil convivencia dentro del departamento.

Según medios de la Administración, Urkijo quería mantener su conocida línea de interlocución con las víctimas y su apuesta por el fin de la violencia desde un espacio que no colisionara con Fernández para así evitar su manifiesto antagonismo. Urkijo planteó personalmente al lehendakari que deseaba seguir con su plan de acción porque mantenía el compromiso y la respuesta se hizo demorar hasta que ahora ha venido por medio de la destitución.

De esta manera, quedan sin efecto las declaraciones del portavoz jeltzale, Joseba Egibar, quien el pasado sábado en Radio Euskadi criticó a Urkijo por no haberse marchado antes si no veía gestos del Gobierno vasco hacia las víctimas. Urkijo entiende que con su marcha queda un flanco en relación con las víctimas, con las que ha seguido trabajando hasta el final, habida cuenta de que se presupone una mayor dedicación dentro del área hacia otras cuestiones como la política penitenciaria.

El Ministerior del Interior y los grupos de víctimas, pendientes del perfil que se elija

Ante la confusión creada, el propio lehendakari se ha visto obligado a comparecer en el debate porque sabe que se asiste a un tema de honda sensibilidad dentro y fuera del País Vasco. Por eso, Urkullu reafirmó su compromiso con las víctimas y consideró “injustas” algunas de las críticas recibidas por la persona a quien trató y con quien siempre mantuvo una cordial relación personal, aunque era consciente del caldo de cultivo tan adverso que se iba generando en un área tan crucial como Paz y Convivencia.

Ahora, el Gobierno centra sus esfuerzos en definir el perfil del sustituto de Urkijo, que deberá sintonizar con Jonan Fernández, que sale ligeramente tocado de esta polémica. Las críticas del alto cargo destituido hacia su “ostracismo” en el departamento como consecuencia directa del “personalismo” acusado de Fernández para imponer siempre su criterio en cada una de las decisiones, incluidas las de víctimas, complican la idoneidad del posible candidato. “Fundamentalmente tendrá que ser dócil y aceptar todas las decisiones de Jonan”, admitió ayer una persona conocedora del funcionamiento de este área.

Si así fuera, Urkullu vería que la interlocución con Madrid y con las víctimas sería muy complicada porque se estaría viendo la larga mano de Fernández. Como ejemplo más próximo ahí queda el contundente comunicado de los grupos de víctimas y de afectados a título particular, molestos por la destitución de Txema Urkijo, a quien testimonian el reconocimiento por su labor.

Desde el Gobierno, no obstante, se advierte de que también Jonan Fernández dispone de “buenas relaciones” con víctimas de ETA como podrían ser la hija de Ernest Lluch, Rosa Rodero o las de Electra, entre otras, pero el significado de muchos de los firmantes en el comunicado del pasado sábado han hecho mella porque se trata de voces nada intransigentes y alejadas de Covite y la AVT. Por tanto, la sustitución de Urkijo se antoja muy complicada y el Ejecutivo asume que el candidato será sometido a una vigilancia estricta por parte de partidos, víctimas y Madrid.